La lucha contra la corrupción, un desafío pendiente para la Argentina
El sistema democrático requiere la independencia de los tres poderes
La corrupción es uno de principales problemas a nivel mundial, regional y local. Distintos estudios, como el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, lo corroboran. El informe que abarca 180 países elabora un índice con escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción) e indica que por 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.
Asimismo se señala que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos progresos, la Argentina ocupa el puesto 98 entre 180 países con un índice de 37 puntos y ha descendido 4 lugares en el ranking ya que en 2022 estaba en el 94. No es un fenómeno nuevo ya que en nuestras propias encuestas hace 30 años la corrupción aparecía como uno de los temas centrales a resolver.
Los países más transparentes y con menor corrupción a nivel global son Dinamarca, Finlandia, Noruega, Singapur y Suiza con puntajes arriba de 80 sobre 100. En cuanto a los paises de latinoamericanos vemos que Uruguay, Chile y Costa Rica aprecen con mejores (más bajos) indices de corrupcion que Argentina siendo Venezuela el peor de todos a nivel regional y mundial.
El Latinobarómetro, que cubre todos los países de América Latina, incluye este tema todos los años y encontramos que en ultimo de 2023 la Argentina aparece como el país de toda la región que menos sostiene que hubo progresos en el combate de la corrupción (13%).
La sospecha de corrupción masiva es enorme. Ya en el informe de 2020 al preguntar acerca de que grupos de personas están involucrados en actos de corrupción entre 6 y 7 de cada 10 señalan que existe corrupción entre a jueces y magistrados, parlamentarios, gobierno, funcionarios y policía y un 52% entre empresarios.
La desconfianza viene de lejos. La corrupción además de un problema ético es un obstáculo
enorme para el desarrollo económico y social, es una amenaza para la democracia y afecta sobre todo a los más pobres y vulnerables. El sistema democrático requiere la independencia de los tres poderes y ello es vital para la lucha contra este flagelo. Necesitamos instituciones fuertes, solidas, reglas claras y una Justicia independiente.
Sin embargo, en el país desde 1990, las opiniones son fuertemente criticas al evaluar la confianza en las instituciones y sobre todo las ligadas al sistema político como el Congreso, la Justicia y los Partidos Políticos (inferior al 25% en todos los casos)
Si realizamos una comparación internacional podemos ver que en el mundo los Parlamentos están altamente cuestionados pero en la mayoría de los países se confía en la Justicia. La última encuesta del World Values Survey en 90 países muestra la Justicia a nivel global entre las instituciones más confiables con un 56% de credibilidad, mientras que en el Parlamento confía solo un 40% mundialmente. Las regiones en donde la desconfianza es mayoritaria son Latinoamérica y Europa del Este. Y este es uno de los problemas centrales que nos impide progresar en nuestro país.
Los argentinos consideran a la Justicia ineficiente a la hora de solucionar problemas y hay además una percepción generalizada de la existencia de graves faltas a la ética dentro de ella. Se percibe a la Justicia alejada de la población, hasta el punto de no cumplir con su misión básica (ser justa/equitativa), ya sea por aparecer demasiado ligada al poder político de turno como por no solucionar con rapidez y eficiencia los litigios. Se sostiene que no es igual para todos, que favorece más a los ricos y poderosos y que los jueces no son independientes del Gobierno, se cuestiona fuertemente la no igualdad ante la ley, la falta de transparencia y la inefectividad de su aplicación.
Y que hay una excesiva lentitud en la resolución de las causas judiciales.
Los problemas de la Justicia no solo abarcan al sistema judicial y a las instituciones sino que incluyen también a los ciudadanos. Los bajos niveles de confianza en la Justicia se traducen en una pérdida de legitimidad en las normas por parte de los ciudadanos.
Un tercio de los argentinos sostiene que no siempre debe obedecer a un juez si uno piensa que está equivocado y una encuesta nacional reciente de Voices en nuestro país muestra que la mayoría piensa que los argentinos no cumplen con las normas sociales (60% vs. 30% que sostienen que si lo hacen y 10% no saben ). Esto nos habla de una población con poco apego a la ley, poco respeto a la autoridad y el cumplimiento de las normas. Recuerda el libro de Carlos Nino sobre un país al margen de la ley. El problema viene de lejos y no lo hemos resuelto todavía.
La corrupción se revela como una problemática intrínsecamente vinculada a la desconfianza hacia nuestras instituciones políticas, extendiéndose más allá del ámbito judicial para incluir los sectores político, empresarial, sindical y policial, entre otros.
Cada sector juega un rol clave dentro de esta estructura sistémica. Constituye un desafío serio y prevalente que aún no hemos abordado ni resuelto con la determinación y eficiencia necesarias. Su resolución demanda un enfoque integral, necesitando un compromiso firme y una colaboración constante a lo largo del tiempo.
Esto conlleva una transformación del sistema y de las conductas, donde es fundamental la iniciativa y cooperación política del gobierno, el involucramiento de la oposición, empresarios, jueces, legisladores, sindicatos y la sociedad civil. Junto a estos retos, es igualmente esencial que todos los ciudadanos cumplan con la ley y las normativas en su vida diaria y demanden respuestas, garantizando que este asunto se mantenga como una prioridad en la agenda pública. Resulta clave no posponer este tema: hoy es el momento de encararlo.