La represión de Ortega contra la Iglesia siembra el temor entre los fieles
Con 19 sacerdotes expulsados del país, acosos y nuevas persecuciones, la situación empeora en Nicaragua. Lo afirman exiliados, laicos y ONG de derechos humanos.
Diecinueve sacerdotes expulsados del país, decenas de incidentes de acoso y profanaciones de iglesias, áreas rurales carentes de culto y servicios sociales: la situación del clero y de los fieles católicos en Nicaragua empeora en 2024, según sacerdotes exiliados, laicos del país centroamericano y defensores de derechos humanos.
El miedo a la represión por parte de Daniel Ortega —contra la Iglesia católica en particular, pero sin escatimar a los evangélicos— se ha vuelto tan generalizado que silencia las críticas al gobierno autoritario e incluso las menciones a la represión desde el púlpito.
“Cada vez el silencio se hace más profundo”, dijo Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que huyó a EE.UU. Su trabajo -en el que registró cientos de casos de persecución eclesiástica- le valió recientemente un Premio a la Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado.
“Muchos sacerdotes consideran (que) si denuncian, hay más represalias contra la comunidad. Nosotros como laicos queremos que ellos hablen, pero la única alternativa es el cementerio, la cárcel o el destierro”, declaró Molina.
Contó 30 profanaciones de iglesias en el último año, de las cuales sólo unas cuantas fueron denunciadas. Recientemente, supo de un sacerdote que acudió a la policía tras un robo en su iglesia —solo para recibir insultos y que le dijeran que él era sospechoso—.
“La vida en Nicaragua es un infierno, porque la vigilancia es brutal”, dijo un sacerdote exiliado. Como él, la mayoría de los exiliados entrevistados para este artículo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
“Si están haciendo eso con los padres (los sacerdotes), ¿qué van a hacer con nosotros?”, añadió el clérigo. Se le prohibió regresar a Nicaragua, donde él, como muchos sacerdotes y monjas, provocó la ira del gobierno por brindar refugio y primeros auxilios a los heridos cuando el gobierno de Ortega reprimió las protestas cívicas en 2018.
Los disturbios de entonces, que comenzaron contra los recortes propuestos a la seguridad social, se ampliaron para exigir elecciones anticipadas y acusar a Ortega de medidas autoritarias después de que cientos de manifestantes fueran asesinados por las fuerzas de seguridad y grupos civiles aliados.
Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien es también vicepresidenta, culpan al clero “terrorista y golpista” de apoyar los disturbios civiles que, según afirman, equivalen a planear un golpe de Estado en su contra. El clero y los observadores laicos dicen que el gobierno trata de sofocar a la Iglesia porque todavía es el raro crítico que se atreve a oponerse a la violencia de estado en Nicaragua y cuya voz es respetada por muchos ciudadanos.
El “exilio sin precedentes de voces críticas” —desde líderes religiosos hasta periodistas y artistas— en Nicaragua equivale a un “plan de censura total”, dijo Alicia Quiñones, quien dirige la organización de libertad de expresión PEN International en América y el Caribe.
Se ha vuelto casi imposible realizar reportajes independientes en Nicaragua, agregó. “Ya no se soporta la presión”, dijo un sacerdote que ahora vive en EE.UU. Al igual que otros, refiere que los fieles han comenzado a notar que hay gente en las iglesias que nunca antes habían visto y temen que estén allí para informar sobre cualquier indicio de oposición al gobierno.
En un país donde más del 80% de la población es cristiana, la represión es profunda. Muchos de los principales líderes de la Iglesia, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo encarcelado más de un año, fueron liberados de prisión y enviados al extranjero. Una docena de sacerdotes encarcelados también fueron enviados al Vaticano en octubre.w