Tarjetas SUBE: oportunidades de mejora y ausencia de gestión
Desde hace algunas semanas, vemos y escuchamos comentarios en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales acerca de las penurias por las que atraviesan los usuarios del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para registrar y cargar sus tarjetas como consecuencia de la decisión del gobierno nacional de aplicar un fortísimo aumento a las tarifas del transporte público de pasajeros y un esquema con tarifas diferenciadas en función de que los usuarios hayan registrado o no sus respectivas tarjetas.
SUBE fue creado por el Decreto N° 84/2009. Hasta ese momento, los pasajeros de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagábamos nuestros pasajes insertando monedas en las boleteras con que contaban unidades de colectivos. El sistema permitió resolver el problema de la escasez de monedas, aceleró el ascenso de los pasajeros a los colectivos, aligeró las tareas de los choferes y permitió unificar el pago de los pasajes en colectivos, trenes y subtes del AMBA y se extendió a otras localidades de la Argentina (en la actualidad, más de 60). Asimismo, SUBE monitorea la circulación (distancias y frecuencias) de las líneas de colectivos.
La autoridad de aplicación del sistema era la entonces Secretaría de Transporte. Sin embargo, la Secretaría delegó (a través de un convenio) la administración del sistema en Nación Servicios S.A., una empresa controlada por el Banco Nación.
Existen alrededor de 15 millones de tarjetas activas (tarjetas habilitadas para realizar el pago de los pasajes en colectivos, trenes y subtes). Alrededor de 10 millones ya se encontraban nominalizadas a fines de 2023. De modo que el proceso de nominalización en curso involucra a cerca de 5 millones de tarjetas.
Esto no significa que existan 15 millones de usuarios de SUBE: muchas de las tarjetas contabilizadas como activas fueron extraviadas por los usuarios y muchos usuarios poseen y utilizan (por distintas razones) más de una tarjeta. Quienes conocen el sistema estiman que la cantidad de usuarios “únicos” se ubica entre 7 y 8 millones.
SUBE cuenta con una importante infraestructura tecnológica y una dotación de personal técnico muy capacitado que se ocupa de la gestión, el mantenimiento y los desarrollos evolutivos del sistema. En ese sentido, vale mencionar que aunque los montos de los pagos realizados con las tarjetas de transporte sean pequeños y las transacciones procesadas a través de SUBE nunca recuperaron los niveles prepandémicos , las mismas superan al total de transacciones realizadas con tarjetas de débito, de crédito y prepagas en Argentina (alrededor de 3.700 millones).
Ese dato nos permite dimensionar la capacidad de procesamiento de que dispone SUBE: en 2018, se procesaron 159 transacciones por segundo. En comparación, recién en 2022, Mercado Pago procesó, para la totalidad de su ecosistema en nueve países de Latinoamérica, 173 transacciones por segundo.
Por otra parte, el cronograma de aumentos en las tarifas anunciado, hizo que muchos se preguntaran por el nivel de la llamada “tarifa técnica”. Hoy, se ubica entre $ 1200 y $ 1500 (depende de quién la calcule). Sin embargo, hay quienes estiman que esos números terminarán no más allá de USD 1 y USD 1,20. La eliminación de la totalidad de los subsidios resultaría en un significativo incremento de la participación del gasto en transporte en el salario y un fuerte impacto sobre el ingreso disponible de las familias, por lo que requiere de compensaciones que recompongan ese ingreso.
Ahora volvamos a los problemas de SUBE: en este momento, el sistema tiene una serie de problemas evidentes. Como dijimos al comienzo de este artículo, algunos son el resultado de la modificación del cuadro tarifario impulsado por el gobierno nacional: la nominalización de las tarjetas SUBE, el atraso por efecto inflacionario en los límites diarios de carga asignados a los puntos de las redes de carga y la ausencia de SUBE en numerosas ciudades y localidades de Argentina.
En otros casos, y a contramano de la opinión de algunos, fueron en su momento el resultado de decisiones técnicas muy acertadas dirigidas a maximizar la capacidad de procesamiento de volumen de transacciones enorme, la fluidez de ese procesamiento y del movimiento de pasajeros.
Sin embargo, el avance tecnológico, la aparición de nuevos medios e instrumentos de pago, la digitalización de numerosos servicios durante la pandemia de covid-19 y profundos cambios en algunos hábitos de consumo de todos nosotros hicieron que aquellas virtudes iniciales devinieran en limitaciones que necesariamente deben ser mejoradas.
Asimismo, la ampliación de SUBE permitiría eliminar la eventual discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios al transporte en aquellos distritos que aún no cuentan con el sistema, una mayor eficacia en el otorgamiento de compensaciones (subsidios a la demanda) que mejoren el ingreso disponible de las familias de menores ingresos y un mejor uso de los recursos fiscales.
En resumen, hoy se da una situación inédita desde 2009: los recursos y las herramientas para resolver tanto los problemas surgidos en las últimas semanas como las limitaciones estructurales históricas de SUBE están disponibles. Solo hace falta que algunas personas tomen las decisiones correctas y lleven adelante los actos administrativos que correspondan en una o más áreas del estado nacional.
El trabajo de los funcionarios políticos en el sector público consiste en tomar decisiones en función de un conocimiento profundo de una temática específica y un diagnóstico acertado que se materializa en cronogramas y expedientes que mueven la maquinaria estatal para facilitarle la vida a la gente. Es un trabajo arduo que requiere mucha dedicación. En este caso, no se trata de que “no hay plata”: no hay gestión.w