La Nación tiene mucho que hacer en Educación
Seguramente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que se venía renovando en el país hace más de 20 años, no sea la mejor idea para resolver el problema del salario de los maestros. Seguramente haya que reformular este instrumento, que nació como auxilio de la Nación a las provincias en el marco de un plan educativo y la emergencia de fines de los años noventa.
Seguramente tenga razón el Gobierno nacional en que las provincias deberían revisar sus prioridades de gastos y que ahora no es necesario que la Nación salga en auxilio de algunas jurisdicciones para el pago de salarios de empleados provinciales, como el caso de los maestros.
Pero hay momentos, modos y contextos para dar estas discusiones y estas “batallas”.
Un mejor momento -más inteligentepodría haber sido con el ciclo lectivo ya iniciado, con los alumnos adentro de las aulas. Todos saben que febrero es un mes conflictivo con los gremios docentes, que tienen más margen para parar las escuelas. ¿Por qué no esperar un poco?
Otra cuestión son los modos. ¿Sirve cortar fondos educativos de golpe y como represalia a los gobernadores solo porque se les cayó la ley ómnibus? Por otra parte, el Estado nacional ya tiene asignadas las partidas del Fonid en el presupuesto. Clarín pudo saber que están trabajando en reemplazarlo por otro fondo que, en lugar de ir indiscriminadamente al sueldo de todo el personal educativo, sirva para “fortalecer las políticas de alfabetización”. ¿Por qué no lo explicitan?
Pero lo más importante es el contexto. El de una caída brutal del poder adquisitivo de los salarios por el fuertísimo ajuste definido por el mismo Estado nacional. El Fonid representaba entre 10 y 15% del salario nominal de los docentes. Y ahora no llega.
El Estado nacional tiene la responsabilidad “principal e indelegable” de “proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho”. También tiene la obligación de “fijar la política educativa y controlar su cumplimiento”. Así lo dice la Ley de Educación vigente.
El presidente Milei suele repetir : “La educación es de las provincias. ¿Qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome ahí?”.
Que alguien le explique que tiene mucho por hacer. O, al menos, mucho por no complicar. ■