Guerra judicial por un dirigente de La Cámpora
El juez guarda la información como un tesoro. El fiscal se la pide y el juez le dice que sí, pero cuando el fiscal la va a buscar no le da nada. Después, el juez le dice que no se la va a dar hasta que él lea todo y decida qué compartir y qué no. El fiscal le dice que eso es arbitrario, que le impide acceder a la prueba y pregunta qué es lo que el juez está queriendo proteger. Pregunta retórica: el fiscal sugiere que el juez quiere proteger a funcionarios kirchneristas involucrados.
El juez es Marcelo Martínez De Giorgi; el fiscal, Carlos Stornelli, y el cruce por la causa de un espía es una guerra abierta en Comodoro Py que explotó este febrero, apenas concluida la feria judicial.
Lo que De Giorgi tiene es la causa contra el espía ilegal Ariel Zanchetta que empezó a trabajar para agentes del kirchnerismo desde antes de que hallaran muerto al fiscal Nisman y siguió hasta la presidencia de Alberto Fernández, incluso espiando ilegalmente a funcionarios “del palo” como la ex ministra Victoria Tolosa Paz.
Esto lo hizo a pedido del dirigente y funcionario de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien le pagaba con fondos públicos de la gestión del gobernador Kicillof.
Los datos sobre los dispositivos electrónicos de Rodríguez son los que el juez no quiere entregarle al fiscal. Dice que debe “resguardar la intimidad” del imputado. El fiscal responde que él quiere la información para investigar, no para conocer la intimidad de Rodríguez. Y le reprocha al juez: “A casi dos meses de recibidas las copias forenses de los dispositivos del imputado Rodríguez, no se observa ninguna providencia tendiente al análisis de su contenido”. Lo acusa de meter el caso en el freezer. Acaso algo más de lo peor de la política bonaerense -ya zamarreada por chocolates peronistas y radicales y por el nunca aclarado episodio de Insaurralde y el yate Banbases
Un fiscal pide datos y un juez los niega, en una trama que involucra a funcionarios K.
dido- podría haber en el contenido oculto motivo de esta puja entre el juez y el fiscal que sólo comparten su pasión por Boca.
En paralelo, el fiscal Stornelli le pide explicaciones a Martínez De Giorgi acerca de por qué le permite el acceso al expediente al diputado ultra K Rodolfo Tailhade.
El contraste es sugestivo: ¿Tailhade quien también contrataba los servicios ilegales de Zanchetta- puede ver el expediente y el fiscal de la causa no?
Los números del espionaje sucio -sin autorización judicial- son abultados: Zanchetta produjo al menos 1.196 informes de inteligencia para el kirchnerismo.
En 7 años hizo más de 12.000 consultas a de datos del Estado de acceso restringido. ¿Quiénes les daban esas claves?
Se hallaron en sus archivos 19 videos de cámara oculta conversando con personas a las que espiaba. Además de los funcionarios como Rodríguez (trabajó en el gobierno de Kicillof y en la AFIP) o Tailhade, a Zanchetta le encargaron “trabajos” al menos seis agentes de la SIDE que respondían a Fernando Pocino, el más kirchnerista de los directores del organismo y amigo del ex jefe del Ejército César Milani, con quien Zanchetta dice haber integrado un “grupo de tareas” para espiar.
Esta información surge de apenas dos de los soportes secuestrados en la casa del espía en Junín. Falta analizar 17 más.
Sólo los involucrados -y en algún momento, quizá también el juez que retacea datos- sabrían cuántos hilos del poder se cruzan allí. Cientos de llamados de Zanchetta llegaban a Pablo Barreiro, el secretario privado de Cristina Kirchner.