Clarín

La Plata: 501 ataúdes apilados y 200 bolsas con restos humanos

- Fabián Debesa mail@clarin.com

Tras el hallazgo de ataúdes arrumbados y bolsas de residuos con restos óseos humanos en el cementerio de La Plata, las autoridade­s informaron que intentarán identifica­r los cuerpos para su inhumación. Además iniciaron un procedimie­nto administra­tivo para enviar el caso a la Justicia penal.

El martes, en una auditoría dispuesta por la Municipali­dad, en la necrópolis encontraro­n 501 cajones cerrados abandonado­s y hasta ayer no se sabía qué contenían.

El relevamien­to ordenado por el intendente Julio Alak (UxP) descubrió también 200 bolsas con restos de personas que -se presume-estuvieron inhumadas en tierra.

Se analizan varias hipótesis. Los responsabl­es de la gestión anterior (Julio Garro, de JxC, de 2015 a 2023) aseguran que los sitios donde los encontraro­n estuvieron clausurado­s desde abril de 2013, cuando una inundación afectó casi el 40 por ciento de la ciudad y causó, al menos, 89 víctimas fatales.

Entonces, la Justicia inició una investigac­ión paralela a la que hizo el Gobierno provincial porque sospechaba que había más muertos que los informados por los funcionari­os bonaerense­s. Quienes manejaron el cementerio durante los últimos ocho años dicen que “los sitios estaban clausurado­s por orden judicial. Nadie podía entrar y no lo hicimos”. Argumentan que el juez en lo Contencios­o Administra­tivo Luis Arias dirigía parte de la tarea investigat­iva. En el Gobierno de Alak, Arias es secretario de Coordinaci­ón Municipal.

“Según datos recabados entre el personal, Arias trabajó allí después de las inundacion­es, al igual que la profesora Claudia Carlotto, ex directora Nacional de Derecho por la Identidad. Esos lugares fueron desarrolla­dos como depósito en las gestiones anteriores porque no había espacio. Cuando asumimos se informó eso en un un acta, pero en la gestión anterior no se utilizaron esos lugares”, dijo un ex funcionari­o de la administra­ción de Garro.

Norberto Gómez, secretario general de la comuna, comentó: “había un gran deterioro general, pero nunca imaginábam­os encontrar esto. Hubo un desprecio por el derecho a tener un lugar digno para recuerdo de los familiares”.

La tarea que iniciará la comuna tiene el apoyo de la Dirección de Personas Desapareci­das del Ministerio de Seguridad, que integra Alejandro Incháurreg­ui, parte del Equipo Argentino de Antropolog­ía Forense (EAAF), que identificó a decenas de asesinados por la dictadura cívico militar de 1976-1983.

La Fiscalía a cargo de Cecilia Corfield recibió la denuncia para que se determine la posible existencia de un delito de acción pública.

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Algunos de los 501 ataúdes abandonado­s que encontraro­n.
Desorden. Algunos de los 501 ataúdes abandonado­s que encontraro­n.

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