El Gobierno deja de garantizar el cobro de prestaciones de hospitales

La Superintendencia de Salud tutelaba el vínculo entre obras sociales y el sistema público. Un nuevo decreto libró la transacción a convenios con precios a pactar.

El sistema de salud argentino, en crisis desde hace años, ahora es un tembladeral. El nuevo Gobierno de Javier Milei está buscando, a partir de una serie de normativas, cierto ordenamiento de los subsistemas público, privado y el de la seguridad social. Si bien el camino desde lo formal ya comenzó, no está muy claro el rumbo.

Se publicó en el Boletín Oficial un decreto por el que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se retira de su rol de intermediaria entre hospitales públicos y obras sociales en lo concerniente al cobro de prestaciones. Se trata de los servicios que los hospitales brindan a afiliados de obras sociales.

Hasta ahora, los hospitales podían tramitar a través de la SSS la devolución del costo de esas prestaciones. El argumento del decreto es que el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud hoy actúa de “forma disfuncional en el trámite de facturación, con el consecuente retraso y acumulación de trámites”.

Aunque en los hechos el sistema tenía evidentes problemas operativos, en teoría era una garantía de cobro para los hospitales. Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, explicó que -hasta ahora- “si los hospitales que se anotaban en el sistema no lograban cobrar la prestación a las obras sociales en un plazo de 90 días, el superintendente estaba autorizado a transferir compulsivamente esos fondos”.

Fuentes de la SSS dijeron que el sistema está integrado por 1.063 hospitales de todo el país.

Ahora, el decreto habilita a las obras sociales a celebrar convenios con los hospitales, “tendientes a establecer el mecanismo para implementar el pago de las prestaciones, ya sea a través de la autoridad jurisdiccional correspondiente o en forma individual”.

“Algunos hospitales grandes ya cuentan hoy con sus propios convenios con obras sociales, básicamente porque los valores del nomenclador oficial de las prestaciones está muy desactualizado. Por ese motivo, cuando nosotros asumimos, y en un contexto inflacionario completamente diferente al actual, tuvimos que aumentar esos valores un 200% de una sola vez”, recuerda Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud del macrismo.

El nuevo decreto dice que los convenios “serán un acuerdo libre entre las partes y podrán establecer, entre otras pautas, el tipo de prácticas comprendidas, su codificación, valores, normas de facturación, modos de pago y resolución de controversias”.

Rubinstein observa que esta modificación puede “plantear un problema sobre todo para los hospitales más chicos que están en las provincias, que no pueden establecer convenios con diferentes obras sociales. Y el Gobierno, que tiene que supervisar el desempeño de las obras sociales nacionales, se desentiende”. Habrá que ver, en ese caso, el rol que puedan cumplir los estados provinciales y municipales.

Tanto fuentes municipales como provinciales dejaron entrever a Clarín, tras conocerse la legislación, que la modificación podía significar una ventaja en función de negociar precios más acordes.

"A nosotros el último tiempo de pago, que fue el mes pasado, nos dio un promedio de 32 meses de demora, y no hay que perder de vista que los cobros son sin interés", sopesaron desde una de las provincias consultadas.

Una incógnita, sin embargo, es si este nuevo escenario agilizará o eventualmente trabará más aún el acceso de los afiliados de obras sociales para recibir atención en hospitales públicos.

Como sea, el decreto 172 advierte que, más allá de que los hospitales estén en capacidad operativa de recuperar el costo de sus servicios, “tienen la obligación de brindar las prestaciones médicas a toda la población sin distinción y con los recursos que tienen asignados”.

Este decreto se conoció el mismo tiempo que se publicaron otros dos: el que habilita la posibilidad de transferir los aportes a una prepaga sin pasar por una obra social; y el que obliga a las prepagas a depositar al Fondo Solidario de Redistribución el 20% de los aportes que reciben de los afiliados.

Para Torres, que fue superintendente de Servicios de Salud entre 2002 y 2006, el punto es “cuál es el objetivo de toda esta normativa. La clave sería poder recuperar el sistema público, con un servicio aceptable, para que la gente no tenga pagar cuotas cada vez más caras en el sistema privado. El Estado se ha retirado hace años de este problema y la pregunta es cuándo volverá a hacerse presente”.w

Si un hospital atiende a un afiliado, puede cobrarle a la prepaga.