El plan Milei: algo más que un súper ajuste fiscal El tándem Cristina-AlbertoMassa dejó un terreno minado
Se ve todo el tiempo y por todas partes: el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, han hecho una apuesta fuerte, casi terminal, al súper ajuste fiscal y al déficit cero como si ese par de instrumentos, en realidad uno solo, pudiera convertirse en el gran ordenador de la economía y de las relaciones de fuerza al interior de la economía.
Nada alambicada ni demasiado novedosa, bastante brusca, la clave de la movida pasa por usar la caja y las herramientas de poder del Estado en línea con los objetivos de la Casa Rosada y, además, aplicarlas a fondo, sin andar con demasiados pruritos o cuidados por los modos y el método.
El juego que vino para quedarse asomó clarito en el superávit fiscal financiero de enero que, con intereses de la deuda incluidos, resultó el primero para ese mes desde 2012. Y aparece sobre todo en el cómo se logró un saldo a favor de $ 518.400 millones poco menos que a la velocidad de un rayo: para empezar, pegándole un saque al gasto público de una magnitud que no tiene precedentes en los últimos 30 años y que explica por si solo el superávit financiero completo.
Se cruzaron, allí, el efecto licuadora de la inflación y los guadañazos directos de la motosierra en partidas importantes. El caso más notorio, voluminoso y siempre a tiro se expresó en el recorte real del 32,5% al gasto en jubilaciones y pensiones, esto es, una medida que de un golpe se comió un tercio del ya deteriorado poder de compra de un sector postergado entre los postergados. Ahí el Gobierno se ahorró $ 885.000 millones
Según datos del Iaraf, un instituto especializado en el análisis de las cuentas públicas, el saque también le pegó al 80% de la inversión pública, otro clásico de los ajustes, a los planes kirchneristas Progresar y Potenciar Trabajo y a las transferencias de la Nación a las provincias; al salario de los estatales nacionales y a los subsidios energéticos, entre otras partidas. La suma de las partes rondó aquí impresionantes $ 2 billones o alrededor de US$ 2.380 millones al tipo de cambio oficial.
Milei festejó los resultados con un “Vaaaaaamoooo Toto” dedicado, obviamente, a Luis Caputo. Y remató con una sentencia de hierro: “El déficit cero no se toca”.
Está claro: si hace falta tocar algo serán los recursos que van de la Nación a las provincias, incluidos aquellos que atienden actividades esenciales, como la educación y el transporte público de pasajeros.
En realidad, eso está bastante más que claro. Milei ya ha desactivado el fondo que financia parte de los salarios docentes provinciales, un paquete que en 2023 representó $ 333.000 millones y que, en los hechos y como cuadra en un gobierno K, benefició sobre todo a la provincia de Buenos Aires que se quedó con el 32% del total.
Aunque ahora enfrentado a algunas trabas judiciales, el Presidente también irá adelante con el pase a retiro del sistema que subsidia el transporte automotor de pasajeros en el interior del país. La mira está puesta, nuevamente, en el gasto público nacional y más precisamente en la porción que en una torta de $ 102.000 millones le toca a los recursos que maneja la Casa Rosada; obvio, la idea es que esa porción desaparezca.
Tal como viene la mano y se percibe por todas partes, el ajustazo sigue vivo y coleando y va por más.
Caputo acaba de anunciar que desde marzo el aumento a los jubilados será del 27,18%, o sea, en línea con la fórmula que viene aplicándose y corriendo siempre de atrás a la inflación, cuestionada por todo el mundo pero en un punto funcional al plan fiscal del Gobierno. Con el argumento de que se busca “proteger el poder de compra” de las jubilaciones, Caputo agregó a la medida un bono de $ 70.000 que regirá entre marzo y mayo.
Queda claro sin necesidad de meterse a cruzar cálculos que ese combo no recupera ni de cerca la pérdida del poder de compra del 32,5% que el golpe de enero le pegó a las jubilaciones.
Un ejercicio hecho por especialistas del Iaraf calcula que para que la jubilación mínima de marzo no pierda poder de compra respecto de la de marzo de 2023, el bono que refuerza el aumento debería ser de $ 170.000 y la inflación no pasar del 3% promedio mensual durante el período que va de marzo a mayo.
Casi no hace falta decirlo, esa es una salida impensable. Y en continuado, que muy probablemente, si no seguro, las jubilaciones y los jubilados seguirán en su papel de variables de ajuste. Como notoriamente lo fueron en el último ciclo kirchnerista.
Y si es cierto que el tándem Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa dejó un terreno minado, digamos minado de exprofeso, el tándem Milei-Caputo arrancó con un shock cambiario que subió el tipo de cambio oficial nada menos que un 118% y, en el mismo acto, provocó un fogonazo inflacionario que, medido por los índices del INDEC, plantó un 51% entre diciembre y enero. Con el 15% para febrero que estiman consultoras que siguen precios hace tiempo, estaríamos en 74% en tres meses.
Sin pretensiones de cargar culpas, puro número, un informe que firma Carlos Pérez, director coordinador de la Fundación Capital, incorpora al cuadro el desplome de los salarios. De pique, dice que en diciembre el ingreso real de los trabajadores formales, o sea, registrados y bajo paritarias, tocó los mínimos desde la crisis de 2002 y añade que los privados acumulan siete años consecutivos barranca abajo.
Hay de todo, en la batalla que se libra al interior de las paritarias: desde acuerdos por diez meses que ya en el primero se abren para que entre un plus a cuenta, hasta convenios móviles atados al movimiento de la inflación y marcados por el poder de fuego de cada gremio. Ganan aceiteros, petroleros, mecánicos y empleados de la alimentación.
En las fronteras del sistema o fuera del sistema, sin coberturas básicas ni paritarias, orbitan unos 7 millones de trabajadores informales que ni por error ganan una: las cuentas de Pérez dicen que perdieron ingresos por alrededor del 30% en diciembre y que siguieron sin levantar cabeza en enero. Estamos hablando de asalariados con sueldos que apenas orillan el 50% de lo que cobran quienes están en blanco y que hace rato entraron en la categoría de pobres.
Bien previsible, un emergente directo de este panorama es la caída del consumo: entre 8 y 9 puntos por debajo de enero en los primeros días de febrero, anota la consultora especializada Scentia. Y un derrumbe productivo generalizado en diciembre, dice la estadística del INDEC: desde 11,9% en industria y en electricidad, gas y agua, hasta 8,5% en el comercio mayorista y minorista y 5,2% en la construcción coronaron el fin del último ciclo kirchnerista.
Pero planteado crudamente todo luce bastante más serio que el cuadro de estancamiento con inflación que describen en el Gobierno. Suena a recesión sobre recesión, a precios sin límites, a medidas a la carta y a una nueva vuelta de tuerca en el siempre desigual reparto de los ingresos.
La pregunta es si el súper ajuste o el ajuste a todo trance resultan un remedio capaz de enderezar el barco y ponerlo camino del progreso o si el punto es, finalmente, hacer un Estado a medida.
El ajuste fiscal sigue vivo y coleando y va por más todavía