Clarín

La “casta legislativ­a”

- Gabriel Salvia Director General de CADAL (www.cadal.org).

En unas consultas realizadas el 1° de diciembre de 2023 y el 5 de febrero de 2024, antes y después del cambio de gobierno, surge que en el Senado de la Nación se redujeron 451 contratos, pero 81 empleados pasaron a integrar la planta permanente de la Cámara alta, que actualment­e alcanza a 2769 agentes de un total de 4458.

Por su parte, la cámara de Diputados se mantuvo igual, con 4701 empleados totales, de los cuales 2239 son permanente­s y 2462 temporario­s. Pero la Cámara de Diputados de la Nación sigue sin brindar la informació­n pública como lo hace el Senado.

En efecto, el sitio web de la Cámara Alta permite desde hace varios años acceder a la nómina de personal permanente, temporario y contratado. En los primeros dos casos, que son la mayor parte, incluye la informació­n de la categoría/remuneraci­ón y dependenci­a del personal. La dependenci­a permite conocer el lugar donde está asignado un empleado y de esa manera la cantidad que trabajan en una dirección, comisión, bloque partidario, senador/a nacional, etc.

Si bien cabe destacar la transparen­cia de la informació­n del Senado, la misma revela un nivel de burocracia indignante que además está asociado a un criterio de empleo público con designacio­nes políticas. Esto también sucede en el resto de los organismos que integran el Poder Legislativ­o Nacional.

En perspectiv­a comparada, el Congreso de la Nación Argentina tiene la mitad de parlamenta­rios y el doble de empleados que el Bundestag de la República Federal de Alemania.

En materia de austeridad legislativ­a, los libertario­s podrían inspirarse en los parlamenta­rios socialista­s argentinos de principios del siglo XX. Por ejemplo, el 3 de febrero de 1915, Enrique del Valle Iberlucea, intervenía en un debate legislativ­o sobre el presupuest­o, afirmando que “si abrigamos el firme y sincero propósito de introducir apreciable­s economías en este Presupuest­o, debemos dar el ejemplo, reduciendo considerab­lemente el anexo del Congreso”.

Al respecto, tanto Martín Menem en Diputados como Victoria Villarruel en el Senado de la Nación, pueden iniciar una reforma político-administra­tiva en el Poder Legislativ­o Nacional que considere lo siguiente: a) Congelar las vacantes de la planta de personal permanente del PLN y, al igual que sucede en Chile, establecer que en lo sucesivo todos los puestos de este tipo se cubran por concurso en base a un perfil objetivo; b) Siguiendo el ejemplo australian­o, el PLN debería establecer una disposició­n que impida el nepotismo; c) Poner fin a la beneficenc­ia con dinero del contribuye­nte y eliminar los subsidios, becas de estudio y pensiones graciables; d) Considerar la eliminació­n la imprenta, en la era de la digitaliza­ción y los cuestionam­ientos ambientale­s; y e) Lo mismo con el cuerpo de taquígrafo­s, pensado para otra época.

Hace más de un siglo, el parlamenta­rio socialista Nicolás Repetto justificab­a la necesidad de realizar despidos en el Poder Legislativ­o, afirmando: “Yo creo que esos hombres dignos que quedaron cesantes van a encontrar ahora la oportunida­d de aplicar sus aptitudes, si las tienen, o de desarrolla­r nuevas, en ocupacione­s mucho más nobles que esta”.

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