La “casta corrupta” ¿tiene nombre y apellido? Además de dar de baja los planes sociales mal otorgados, ¿se investigará a los responsables de otorgarlos?
Habló de pobreza, de educación, de inseguridad, de narcotráfico, de salud, y hasta del estado de las rutas y de los accidentes de tránsito. De todos los flagelos que sacuden a la Argentina, el único que no fue nombrado en el discurso inaugural de Javier Milei como presidente fue el de la corrupción.
Y eso que motivos para preocuparse en la materia sobran, entre lo ya conocido y lo que empieza a develarse. Desde la condena a Cristina Kirchner, flamante ex vicepresidenta, en la causa Vialidad por corrupción en la obra pública y para la que el fiscal pedirá hoy una duplicación de la pena, hasta manejos turbios en fondos millonarios administrados por dirigentes K o contrataciones sospechosas e irregularidades en organismos y dependencias del Estado, como los revelados por Clarín sobre la ANSeS en los últimos días, hay para todos los gustos.
Un informe del ministerio de Capital
Humano presentado ante la Justicia reveló que 122.600 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo habían viajado al exterior. De ellos, 2.939 lo hicieron en avión o en crucero, y 85 eligieron destinos fuera de América latina. Un total de 14.695 tuvo estadías mayores a un mes fronteras afuera de Argentina.
“Irregularidad detectada será plan que se dé de baja”, dijeron desde el Gobierno. Caben otras preguntas: ¿Quién fue el responsable de otorgar esos planes sin hacer el chequeo correspondiente, si vamos a pensar bien, o quién los entregó a sabiendas de que no correspondía hacerlo, y con qué objetivo? ¿Se investigará eso, habrá sanción para los culpables, por omisión o comisión, o todo quedará reducido a dar de baja el plan y acá no ha pasado nada?
Una nota de Mariano Roa reveló que el fondo fiduciario para urbanizar barrios populares que manejó el líder piquetero K Juan Grabois gastó, en los cuatro años de gestión del binomio Alberto y Cristina Fernández, US$ 1.244 millones. Después de las acusaciones por los presuntos desmanejos de esos fondos, Grabois se despachó con una andanada contra el Gobierno: “Quiero que fracase, que se hunda”, y llamó a “ocupar calles, rutas y todo lo que haya que ocupar”.
Según consignó ayer Clarín, Milei ordenó desfinanciar este fondo. Es decir, seguirá funcionando pero con poda: de los $ 350 mil millones que manejó el año pasado pasará a administrar un estimado de $ 30.000 millones este año. Una cifra, de todos modos, nada despreciable. ¿Se llegará a fondo con la prometida auditoría oficial? En caso de comprobarse las sospechas, ¿se denunciará también a los responsables?
El Indice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por Transparency International (TI) mostró a la Argentina en el puesto 37 sobre 100 (a mayor puntaje, menor es el nivel de corrupción): bajó un punto respecto a 2022 y retrocedió 4 puestos en el ranking, pasando del lugar 94 al 98 entre 180 países.
Para Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI, “la Argentina sigue estancada y sin grandes cambios en el compromiso del país con este problema estructural”. Pablo Secchi, su director ejecutivo, dijo al conocerse el informe: “Las primeras propuestas enviadas al Congreso de la Nación por el Presidente (Milei) carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción, un tema que, sin embargo, está entre las prioridades de la ciudadanía”.
Combatir y denunciar la corrupción y a sus responsables en todos los estamentos. Ese sí que sería un cambio en la Argentina.