Internarán a la gente que viva en la calle y sea “peligrosa”
La Ciudad busca tratar a personas con adicciones o trastornos mentales que puedan ser agresivas. Dicen que cumplen con la Ley de Salud Mental.
La Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, nunca se pudo aplicar bien y hay problemas que hasta ahora nadie pudo o quiso resolver. Como contrapartida, la malograda Ley Ómnibus de Javier Milei tenía un capítulo que intentaba reformar la ley original. Mientras esa iniciativa quedó desactivada, la Ciudad de Buenos Aires decidió aplicar la norma.
El Gobierno porteño difundió un protocolo para atender a la gente que viva en la calle y pueda representar “un riesgo real e inminente” para los vecinos. Según fuentes de la administración de Jorge Macri, el objetivo es superar los desafíos que presenta la mencionada ley 26.657, en particular el artículo 20, que estipula requisitos para que una persona sea internada involuntariamente.
Dicho artículo generó controversia a lo largo de los años y hasta mereció críticas de parte de familias que tienen algún integrante con problemas de salud mental. Argumentan que la norma es engorrosa y pone trabas a la hora de poder internar, sin su voluntad, a un paciente en situación de consumo de sustancias psicoactivas o con algún otro tipo de patología psiquiátrica.
Según la Ciudad, lo que ha hecho ahora el distrito fue seguir al pie de la letra las exigencias del artículo 20 a fin de llevarlo a la práctica. “Es caro, es complejo, pero podemos hacer funcionar la ley y achicar el problema”, dicen en el edificio de Uspallata al 3100, sede del Ejecutivo porteño. Una de las motivaciones de la iniciativa, argumentan, es que “muchos vecinos tienen la sensación de haber perdido el barrio”.
¿Cómo se evaluará en la vía pública lo que significa un "riesgo real e inminente"?, preguntó Clarín. En el Gobierno porteño admitieron que ese concepto “es totalmente opinable”, pero que ahí ingresa en escena un equipo interdisciplinario de los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud y Seguridad, más el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.
El universo de aplicación será, por ahora, la gente que vive en la calle, bajo condiciones de "vulnerabilidad habitacional", o que por algún motivo se encuentre eventualmente en esa situación y su accionar en la vía pública represente un peligro para ellos mismos o para otros vecinos.
La antesala de la publicación de este protocolo fue la reciente presentación del SAME psiquiátrico, con ambulancias especialmente acondicionadas para trasladar a pacientes que padecen algún problema de salud mental.
"Hasta el momento, cuando había una situación de estas características se miraba para otro lado. El artículo 20 de la Ley de Salud Mental no funciona. La lógica de pensar que una persona con adicción va a levantar la mano y pedir ayuda no sucede", declaró Jorge Macri.
Concretamente, el protocolo es un paso a paso para que el equipo involucrado sepa qué hacer en cada momento. Por ejemplo, su activación puede ocurrir desde el instante en que un vecino llame al 911 para advertir sobre una situación de estas características.
“El Gobierno porteño puede tomar conocimiento de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional a través de los canales telefónicos (107, 108, 147 o 911) o por contacto directo, mediante los equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) o efectivos de la Policía de la Ciudad”, explicaron.
Las fuentes continuaron: “En cualquiera de los casos, y si la persona presenta indicios de estar cursando un cuadro de salud mental o de consumo problemático, se dará inmediata intervención a la unidad de emergencia en Salud Mental del SAME”.
Llegado ese punto, el equipo del SAME, si lo considera necesario, “trasladará a la persona a un Hospital de Agudos para la evaluación pertinente por parte del equipo interdisciplinario de salud mental”, explicó Fernán Quirós, ministro de Salud del distrito.
Los equipos actuarán ante “un peligro real e inminente”.
Las personas serán atendidas en un hospital.
Asimismo, las fuentes porteñas consultadas agregaron que el equipo interdisciplinario podrá disponer la internación involuntaria del paciente “en tanto se determine la existencia de un riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros, en un plazo que se puede extender hasta 72 horas posteriores al ingreso”. ¿Cuándo finalizaría la internación? “Al momento en que se confirme el cese del riesgo”, respondieron.
"Este protocolo nos ayuda a dar una mejor respuesta ante situaciones que exceden la intervención social que hacemos desde el BAP. Las herramientas que teníamos no eran suficientes para resolver esta problemática que afecta a 3 millones de argentinos", justificó Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano.
Según datos de la Ciudad, actualmente hay 3.500 personas en situación de calle, de las cuales 2.300 duermen en refugios oficiales y 1.200 lo hacen a la intemperie. Según estadísticas brindadas por Desarrollo Humano, “seis de cada diez personas que viven en esas condiciones padecen una situación de salud mental”.
Alberto Trímboli, coordinador del área de Adicciones del Hospital Álvarez y presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental, contó a Clarín que hace unos meses habló con Macri sobre el tema. Criticó que el protocolo “está estigmatizando a personas en situación de calle y con problemas de consumo problemático”, por el hecho de asociarlos a padecimientos de salud mental. “Pareciera que el mensaje es ‘¿por qué los vecinos se tienen que aguantar una persona en la calle?’. Se apunta a un colectivo que ya está estigmatizado, y de esta manera se lo hace todavía más".