Subsidios al transporte: apelan el fallo a favor de Chubut
La Procuración del Tesoro de la Nación apeló la decisión que había tomado la justicia federal de Rawson, en la causa por el Fondo Compensatorio del Transporte de Chubut y que ordenaba al Poder Ejecutivo nacional restituir a la provincia los fondos del subsidio. El Gobierno acusa al magistrado de dictar una medida cautelar que "afecta y compromete los recursos del Estado".
Respecto al dinero que reclama la provincia de Chubut correspondiente al fondo de compensación para el Transporte, el Gobierno Nacional realizó tres medidas ante la justicia: pidió la inhibitoria del magistrado Hugo Sastre, apeló su fallo con efecto suspensivo y además, presentó un per saltum, para ir con el planteo directo ante la Corte.
En la primera presentación, y a la que accedió Clarín, la Procuración del Tesoro -que defiende los intereses del Estado- pidió que el juez Sastre deje de intervenir en el caso al entender que no es su competencia originaria. "Este trámite debe continuar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señalaron los abogados del Gobierno. Entre otros aspectos formulados, el Estado Nacional entiende que la jurisprudencia "expresamente que, en caso de conflicto o incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo en cuestión, el fuero judicial competente para dirimir tale conflictos es la Corte Suprema en instancia originaria".
Por eso requieren que el juez Hugo Sastre deje de intervenir en este expediente donde el gobernador Ignacio Torres reclama cerca de $400 millones que era la cifra que ingresaba por mes, en función de la asignación a través de la ley 23.966, del Impuesto a los Combustibles. En la presentación, el Poder Ejecutivo indicó que el tema en conflicto, "versa sobre cuestiones relativas a políticas públicas económicas de la Nación, encontrando ello un vínculo estrecho con todo lo atinente al otorgamiento de subsidios y los criterios de distribución de los mismos; todo lo que resulta ser facultades exclusivas del Poder Ejecutivo". En otro tramo del escrito, se sostuvo que la medida dictada por el Juez Federal "implica afectar el principio de división de poderes y, también, la imposición de una limitación a las facultades del Poder Ejecutivo para que éste pueda llevar a cabo las políticas económicas que entienda más convenientes para el beneficio de la comunidad en su totalidad. Fue así que adujeron que se está ante una "evidente gravedad institucional siendo que se encuentra afectado directamente el interés público y la división de poderes y la decisión referida proyecta sus efectos sobre toda la comunidad".