La Corte de La Haya investigará a Venezuela por una feroz represión
Fue en protestas opositoras con más de 100 muertos en 2017. La CPI rechazó una apelación del régimen chavista.
La Corte Penal Internacional rechazó ayer un recurso de apelación de Venezuela contra la investigación de una sangrienta represión de opositores en 2017 con más de cien muertos calificada por los denunciantes como “crímenes de lesa humanidad” .
Venezuela solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en las protestas. Caracas argumentó que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial.
Los magistrados de la CPI autorizaron en junio de 2023 al fiscal general del tribunal, Karim Khan, a reanudar la investigación argumentando que, en su opinión, Venezuela no parecía estar investigando las denuncias.
Caracas apeló en noviembre. Los representantes del gobierno sostuvieron que el país no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa.
“La Sala de Apelaciones rechaza el recurso y confirma la decisión impugnada”, informó el juez Marc Perrin de Brichambaut, del tribunal con sede en La Haya, alegando que no se hallaron “razones convincentes para apartarse del fallo” ya emitido.
La indagatoria se centra en las denuncias sobre la represión de las manifestaciones desencadenadas por la detención de varios dirigentes opositores y decisiones del Tribunal Supremo orientadas a amordazar al Parlamento donde la oposición tenía mayoría.
El gobierno de Maduro denunció una “decisión infundada” por parte de la CPI “que pretende ocultar la verdad de Venezuela, en un caso evidente de instrumentalización política contra el país”, señaló ayer la vicepresidente Delcy Rodríguez.
“Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que (...) han sido o están siendo investigados y sancionados por el sistema de justicia venezolano”, apostilló un comunicado de la cancillería.
En cambio, el fiscal de la CPI aplaudió el fallo, que confirma “los procedimientos penales nacionales del gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” prevista.
La ONG venezolana de derechos humanos Provea afirmó que tanto ella como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) aplauden la decisión, destacando “su gran relevancia en un clima de impunidad” y de “persecución de personas defensoras de derechos humanos”.
A su vez, Human Rights Watch señaló que el dictamen de la corte “es un rayo de esperanza para las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro”.
En 2018, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá denunciaron la situación en Venezuela ante la CPI y la corte inició una investigación preliminar.
En noviembre de 2021, el fiscal Khan abrió una investigación formal y firmó un acuerdo con Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar en el país.
En tanto, la justicia venezolana inculpó y condenó a más de 200 agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.
Se trata de la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. ■
Acusan al régimen de Caracas por crímenes de lesa humanidad