La Justicia avaló la creación de la Universidad de Pilar
Tras la polémica que generó la decisión del Gobierno de “revisar y auditar la creación de cinco universidades nacionales”, ayer, la Justicia falló a favor del reclamo planteado por la Universidad de Pilar. La rectora Diana Wanger había presentado un recurso de amparo contra el Estado Nacional para declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 45, que disponía la revisión de la creación y el inicio de actividades de nuevas instituciones universitarias nacionales, entre las que también están las del Delta, Ezeiza, Río Tercero (Córdoba) y Madres de Plaza de Mayo.
En el escrito que presentó, la funcionaria planteaba la “inminente lesión y amenaza de derechos y garantías reconocidos por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional y en el Derecho Supranacional (artículo 75, inciso 22)”.
En su resolución, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordena al Estado Nacional suspender de manera “inmediata” el inicio del proceso de revisión de la creación de la Universidad Nacional de Pilar, creada a través de la Ley 27.728, de los efectos de la Resolución 45/2024 APNMCH dictada el 26 de febrero de 2024, por la que se dispone establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales”.
La medida dictada no es definitiva y tiene carácter de “precautelar”. Tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada. Tampoco afecta a la totalidad de las universidades que mencionaba la resolución del Ministerio de Capital Humano, sino que aplica únicamente a la de Pilar.
El intendente de Pilar, Federico Achával, festejó la medida en sus redes: “Nos propusimos defender la Universidad Nacional de Pilar, el sueño colectivo de todos los pilarenses”, escribió y agregó que el proyecto es el más importante que tiene su comunidad.
La resolución había sido tomada por el Ministerio de Capital Humano y fue anunciada el martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni. La medida suspendía también el nombramiento de cinco rectores, definidos antes de la asunción del nuevo Gobierno.