El Gobierno arma un plan de reforma judicial que genera resistencias en Tribunales
Se trata de un paquete elaborado por Cúneo Libarona. Busca nombrar jueces, extender el juicio por jurados y una nueva ley de Minoridad.
En carpeta el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene algo que denomina “Plan integral 2024” a través del cual, asegura, modificará todo el sistema de justicia. La pretensión es conseguirlo en un año. El ambicioso plan incluye una Ley de Minoridad, el juicio por jurado, la implementación simultánea en todo el país del Sistema Acusatorio, hasta la designación de más de 60 jueces, fiscales y defensores. Las medidas cuentan con cierta resistencia en algunos ámbitos judiciales y otras dificultades, son atribuidas a la falta de consenso político de La Libertad Avanza en el Congreso por donde pasarán algunas de esas iniciativas.
A través de un DNU el presidente Javier Milei le quitó la semana pasada al Congreso una tarea clave y la dejó en manos del ministro de Justicia. Se decidió que el Código Procesal Penal no se seguirá poniendo en marcha a través de la Comisión Bicameral de Implementación creada para tal fin, sino que será tarea de la cartera que dirige Cúneo Libarona.
Esa decisión concuerda con uno de los primeros objetivos que se planteó el abogado penalista al asumir frente al Ministerio de Justicia: que el sistema acusatorio se aplique en simultáneo en todo el país. El gobierno de Mauricio Macri que comenzó con esta tarea, realizó un plan de implementación por tramos, comenzó en Salta y Jujuy que son las únicas dos provincias que cuentan con este sistema.
El sistema acusatorio pone al frente del procesos de investigación y de las decisiones adoptadas en ese marco, a los fiscales. En el presente los jueces dirigen el proceso y toman las decisiones. La oralidad en todo el transcurso del caso es otra de las particularidades pero siempre será el juez el garante del proceso. Todo esto pretende dar mayor celeridad a los expedientes.
La primera resistencia a la idea de una implementación inmediata y simultánea, se escucha en la Procuración General de la Nación, de quien dependen todos los fiscales. Entienden, según señalaron fuentes judiciales a Clarín, que sin recursos económicos para adaptar edificios, contar con más personal “es imposible avanzar”. Cúneo Libarona insiste en que con los recursos existentes es viable.
Al analizar ese criterio, lo que sostienen fuentes allegadas al Ministerio Público Fiscal, es que el 30% de los cargos se encuentran vacantes, que hay pliegos que pidió retirar la actual gestión que estaban para ser tratados en el Senado. Pero además, hay una gran cantidad de concursos que aún no concluyeron y otros que ni siquiera tienen fecha de inicio. “Sin el personal necesario, en un sistema donde los fiscales tendrán más preponderancia, no hay sistema que sea exitoso”, explicaron.
El Gobierno admite que modificar todo el sistema de justicia tiene ciertos frentes de resistencia entre ellos la cantidad de jueces y fiscales que están más cerca de la edad jubilatorio “y a esta altura de sus carreras se les modifica el sistema, lo hemos escuchado y entendemos pero también vemos acompañamiento”, señaló una fuente allegada al ministro.
El otro punto en carpeta es la Ley de Minoridad. Cúneo Libarona trabaja en un proyecto, desde cero, mientras que en el Congreso conviven 32 iniciativas al respecto.
Funcionarios judiciales vinculados al tema son poco optimistas en este aspecto porque como toda iniciativa de ley, debe pasar por el Congreso, “donde el oficialismo no ha podido siquiera, juntar las manos para la Ley Ómnibus y no parece tener muchos espacios de consenso”, según la expresión de una jueza con experiencia en la materia.
Por el Congreso también deben pasar los 60 pliegos que pretende el ministerio de Justicia, que se aprueben. Las designaciones son para cubrir cargos de jueces de diversos fueros, fiscales y defensores. El listado original, resultado de los concursos tomados por el Consejo de la Magistratura, fue modificado. El funcionario, evaluó todos los casos con ex funcionarios judiciales de su confianza.
En el Poder Judicial esperan la oficialización del listado para ver quiénes quedaron afuera, pese a las ternas constituidas después de los exámenes tomados. La decisión del retiro, como de los cambios no cayó bien en algunos despachos.
Pese a ese escenario, las modificaciones se concretaron y ahora estará en manos del Congreso. En este caso, se requiere de una mayoría simple para elegir a los jueces, fiscales y defensores. Pero hay agentes de la justicia que dudan de que incluso esa votación pueda prosperar dadas las circunstancias políticas actuales.
Aunque en carpeta, el ambicioso plan para modificar el sistema de justicia -que incluye el juicio por jurado- ya encuentra resistencia en algunos despachos y edificios judiciales, en los que coinciden en plantear que “para cualquier plan para la justicia que se quiera realizar, primero hay que cubrir el 30% de cargos vacantes”. ■
En la Justicia alertan que sin recursos es imposible avanzar con las reformas.