Hace tiempo que la educación no es esencial en Argentina

Hace mucho tiempo que la educación no es un servicio esencial en la Argentina. Si lo fuera, no tendríamos tan graves problemas de aprendizaje ni tampoco los ministros de educación reunidos en el Consejo Federal habrían anunciado recientemente la realización de un programa de alfabetización, meta del siglo pasado que hace décadas habíamos sabido superar.

La educación no ha sido esencial para los sucesivos funcionarios que tanto en el ministerio nacional como en los ministerios provinciales han ignorado las obligaciones que la Ley Nacional de Educación detalla con claridad: garantizar calidad y equidad educativa en todo el territorio.

¿Cómo?: 1) Haciendo que se enseñen en todas las aulas del país los contenidos básicos de cada disciplina que se aprueban en el Consejo Federal, 2) asegurando la formación y actualización de todos los docentes de aula para el dominio de los conocimientos y las metodologías para la enseñanza, 3) Monitoreando y evaluando sistemáticamente los procesos de enseñanza y los logros de aprendizaje de los alumnos para la mejora continua. 4) Designando a los mejores y más experimentados docentes para las escuelas que atienden a las poblaciones con mayores necesidades y 5) Mejorando la calidad de las instituciones que forman a los docentes en todo el país.

Dado que el Estado se ha ido retirando de esas funciones elementales, los gremios docentes han pasado a ocupar un espacio que va más allá de la defensa laboral.

Además, la mayoría de ellos tienen pertenencias partidarias claras, lo que genera mucha conflictividad cuando los gobiernos de turno no pertenecen a su ideario.

Diferentes gobiernos, nacionales y provinciales, para evitar conflictos, han preferido ceder a los gremios beneficios como licencias, participación en decisiones de gobierno del sector, ausencia de monitoreo y evaluación sistemática del desempeño laboral.

Así, la supervisión del servicio se convirtió en un ejercicio de endogamia entre “compañeros”. A pesar de ello, los días sin clases por conflictos han sido abusivos, dándose el caso de provincias con menos de la mitad de las clases que corresponde cumplir.

Frente a esta situación es imprescindible declarar la emergencia educativa y a la educación como un servicio esencial. El Gobierno nacional debe poner en marcha todos los recursos que corresponden a su nivel para hacer cumplir la Ley Nacional de Educación, y las provincias cumplir con sus responsabilidades de gestión. Incluso, y en el marco de la profunda reforma del Estado que debiera operarse, es necesario promover y asistir cambios de orden administrativos de la gestión de la educación en cada provincia que permita armar los presupuestos en base al costo real de cada escuela, transparentando los gastos y dejando solo un 3% para financiar la administración. Más recursos y responsabilidades para las escuelas, menos gastos en las administraciones ministeriales.

La permanente conflictividad docente requiere del Congreso Nacional una normativa que equilibre los dos derechos constitucionales, el de educarse de los niños y jóvenes y el de hacer huelga los docentes.

Una solución constitucional y republicana dentro de la doctrina de la OIT, es de obligado cumplimiento para un gobierno constitucional. El punto es que para la OIT la educación no es un servicio esencial, pero puede llegar a serlo en circunstancias extremas. Y en nuestra realidad estamos saturados de circunstancias extremas, de conflictos que duran demasiado tiempo y paralizan la educación en un territorio, empobrecen la formación de los estudiantes y desorganizan la vida de las familias.

Para estos casos, declarar que la educación es un servicio esencial permite compatibilizar el derecho de huelga con el derecho fundamental de la educación a través de la aplicación, por ejemplo, de un Arbitraje Obligatorio, régimen existente y que puede enriquecerse con las particularidades del sector, fijando las reglas de la huelga y las responsabilidades en casos de abusos del derecho a la misma. O puede recurrirse a una cláusula de Servicio Mínimo, o elaborarse una de Paz Social, donde se establezcan límites y obligaciones.

Estamos en una situación muy crítica y se hace obligatorio buscar las formas que permitan generar entendimientos. Estos serán posibles si tanto los gobiernos como los docentes se sienten parte de un compromiso profundo con la calidad de la educación argentina y deseen convertirla en la estrategia más potente para la promoción social y el crecimiento económico. ■

El Ministerio nacional y los provinciales no han garantizado calidad y equidad educativa.

Es imprescindible declarar la emergencia educativa y a la educación como un servicio esencial.