El aumento de la pobreza y las políticas sociales

“Contener a los caídos”, en veremos...

En estos días, las estimaciones publicadas por la UCA han colocado el dedo en la llaga más incómoda de la sociedad argentina: el crecimiento incesante de su índice de pobreza. Diversos especialistas coinciden en que los números del primer semestre de 2024 serán dramáticos. ¿Qué desempeño ha tenido el Gobierno en materia de política social, tanto en términos de amortiguar los costos sociales del ajuste como en abordar estructuralmente el problema de la pobreza?

Comencemos por las transferencias de ingresos hacia los niños. Desde la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009, esta política se ha consolidado como una política de Estado. Macri extendió la AUH a los hijos de monotributistas y Alberto Fernández creó la Tarjeta Alimentar, que funciona como un complemento de la AUH. El gobierno de Milei exhibió una saludable continuidad con los gobiernos precedentes, al duplicar los beneficios nominales de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Esta decisión es crucial porque las tasas de pobreza entre niños (56,2% para el primer semestre de 2023) superan con creces la de la población en general (40,1%).

Desafortunadamente, este acierto no se replicó para el segmento de los jubilados. La merma en los haberes jubilatorios no comenzó con Milei. Entre 2017 y 2022, la caída en el gasto real en jubilaciones no contributivas fue del 17,97%. Es preciso modificar la fórmula de movilidad jubilatoria para que los jubilados no continúen siendo la variable de ajuste de la política. Esta fórmula ajusta de forma trimestral las jubilaciones por recaudación fiscal y salarios, y contiene al menos dos problemas: los salarios corren muy por detrás de la inflación, y la temporalidad del ajuste (trimestral) no es compatible con un nivel de inflación mensual que erosiona fuertemente los ingresos fijos en pesos.

La idea propuesta en los debates sobre el capítulo fiscal de la Ley ómnibus, que consistía en ajustar las jubilaciones por el IPC mensual, iba en la dirección correcta (aún cuando faltaban definir el empalme entre las fórmulas). Sin embargo, la pelea entre el gobierno central y los gobernadores terminó por cajonear la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que hoy duerme el sueño de los justos.

La política alimentaria ha sido, sin lugar a dudas, el aspecto más deficiente. Existen más de 40.000 comedores comunitarios que son centrales para la alimentación de los más humildes. El Gobierno ha propuesto eliminar a los intermediarios en la distribución de la comida.

Como ya he señalado en otra nota, es fundamental repensar la política alimentaria. Pero resulta inaudito que, en medio de una situación social tan crítica, se suspenda la distribución de comida por la disputa con los movimientos sociales. Además, el Gobierno muestra una inconsistencia en su plan original: castiga a los intermediarios que no le gustan (los movimientos sociales) mientras premia a los intermediarios con los que se siente más afín (las iglesias que administran comedores).

Por último, el Gobierno optó por liquidar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Su objetivo es la urbanización de los barrios populares, garantizando el acceso a los servicios esenciales (cloacas, luz, etc.). El FISU antes recibía el 9% de la recaudación del Impuesto País; ahora tan sólo el 0,3%.

El debate que ha impulsado el Gobierno sobre los problemas de los fondos fiduciarios como vehículos de financiamiento de la política pública es razonable. Incluso es válido repensar la forma en la que viene invirtiendo el FISU, más orientado a mejoras habitacionales dentro de barrios populares que en servicios para los barrios.

Pero nada de eso está en la agenda del gobierno. Más bien busca reducir el financiamiento disponible para la urbanización de los barrios populares. Esto es inadmisible: es una de las herramientas más importantes para reducir la pobreza estructural e igualar las oportunidades.

En conclusión, el problema central del Gobierno es que ha subordinado la política social a la lógica de sus conflictos con los actores sociales. La fórmula de movilidad jubilatoria no se actualiza por los conflictos con los gobernadores; la política alimentaria se paraliza y la inversión en barrios populares se elimina por los conflictos con los movimientos sociales. El Presidente nos había prometido que la única “billetera abierta” iba a ser la del Ministerio de Capital Humano, “para contener a los caídos”. Hoy los caídos son rehenes de los múltiples conflictos políticos que consumen al Gobierno. ■

Resulta inaudito que, en una situación social tan crítica, se suspenda la distribución de comida.