Sánchez cede y acepta eliminar de la ley de amnistía los cargos de terrorismo contra los catalanes
Era una demanda del partido de Carles Puigdemont para mantener el apoyo al presidente español. La oposición denunció la novedad camo humillante.
El gobierno del presidente español cedió ante las demandas del fugado ex líder separatista catalán, el derechista Carles Puigdemont, y acordó un nuevo modelo de la Ley de Amnistía que elimine los cargos de terrorismo que pesaban contra los secesionistas.
La novedad promete generar una enorme controversia en el país, donde la oposición ha repudiado estos acuerdos debido a que golpean la Constitución e incluso ha habido rechazos dentro del partidos socialdemócrata PSOE del mandatario.
La principal formación opositora, el Partido Popular, afirmó en un comunicado a la prensa que “España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez. No aceptamos esta humillación”.
Sánchez se comprometió a apoyar esta medida a cambio del imprescindible voto de los diputados de Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya), el partido de Puigdemont, y de Izquierda Republicana de Cataluña, para su reconducción en noviembre al frente del gobierno para un nuevo mandato de cuatro años. La futura ley de amnistía debería beneficiar a los separatistas encausados por su participación en la fallida secesión de Cataluña en 2017.
Sánchez, de visita en Brasilia, aseveró en rueda de prensa que la ley que saldrá del Congreso será “constitucional y alineada con el derecho europeo”. Es una aseveración que le discute la oposición pero que también ha reprochado el ex presidente Felipe González, uno de las figuras histórica del PSOE.
Después de días de trabajo conjunto y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional” las partes “han llegado a un acuerdo (...) para reforzar la ley de amnistía”, informaron en un comunicado conjunto.
Un primer proyecto de ley presentado por los socialistas fue rechazado por los diputados el 30 de enero debido al voto en contra, paradójicamente, de los siete diputados de Junts, que consideraron que el texto no iba suficientemente lejos, por lo que podría acabar dejando fuera a algunas personas como el propio Puigdemont.
Efectivamente, el Tribunal Supremo anunció la semana pasada una investigación por presunto terrorismo contra Puigdemont -refugiado en Bélgica para evadir la justicia española-, un delito que no abarcaba el texto inicial de la ley de amnistía.
Los partidos señalaron que será el jueves antes de la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso cuando desvelarán el nuevo texto del proyecto, y entonces se conocerá su alcance.
Frente a las urgencias política de Sánchez, la formación de Puigdemont ha estado exigiendo hasta última hora que el texto incluya el borrado de todos los delitos de terrorismo llevando la negociación al límite, consignó el diario El Mundo.
“PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas para reforzar la Ley de Amnistía”, señala el comunicado que firman los tres partidos.
La intención final es conformar las demanda de Puigdemont en lo relativo al terrorismo y la alta traición. El tema de fondo es que la Constitución, a la que acordaron los catalanes, prohibe la secesión que llevaron adelante los independentistas. Ese proceso se produjo lejos de cuestiones de nacionalismo o patriotismo. El eje fue un litigio por los impuestos con Madrid. A fines de la década del 2000, el entonces mandatario catalán, Artur Mas, un derechista de buena relación con el PP del reciente llegado primer ministro Mariano Rajoy.
El líder catalán pretendía que Madrid le permitiera un beneficio impositivo al territorio que más aportaba a la caja nacional, como escudo frente a las consecuencias de la gran crisis financiera y económica mundial de 2008. Por los mismos efectos, Rajoy se negó de plano, y entonces los dirigente catalanes sacaron de los baúles la antigua demanda independentista, una manera de presionar a Madrid que se le acabó yendo de las manos.
El diario El Mundo, reseñó que Sánchez “comentó a los periodistas que lo acompañan en su gira por Brasil y Chile, que el Ejecutivo accedió a cambiar el texto para dar más garantías al prófugo de la Justicia de que será amnistiado. Y eso que tanto el Gobierno como el PSOE hasta hace sólo unos días mantenían que no había ‘ninguna modificación prevista’ y que su posición era no tocar de nuevo la redacción del texto”.
Añadió que hasta donde se sabe el pacto sólo estaba a la espera de que el PSOE aceptase la última versión propuesta por Junts para un blindaje total sobre el terrorismo que impida a los jueces excluir a Puigdemont y al resto de investigados por estos delitos de la amnistía. Esta exigencia se ha convertido en una prioridad tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de abrir aquella causa contra el ex presidente catalán. En 2017 las autoridades catalanas difundieron un texto que establecía la República Catalana como “un estado independiente y soberano” y lo sometieron al voto del Parlamento local. El Tribunal Constitucional declaró de inmediato la inconstitucionalidad de esa declaración. ■