Hay más de 300 reclamos diarios de jubilados por la suba de las prepagas
Son las que recibe la Defensoría de la Tercera Edad. Al menos cinco fallos judiciales ordenaron frenar los aumentos, que en muchos casos superan el 100%, para garantizar el acceso a la salud.
Francisco Zappone tiene 80 años, vive en Avellaneda y hace 40 que es afiliado de la obra social ASE. Emigró desde Italia, a los 18 se convirtió en colectivero en la Línea 98 Expreso Quilmes SA y llegó a tener 20 colectivos propios.
"Trabajó toda la vida, nunca cambió de obra social y me niego a darlo de baja porque mi abuela y mi hermano murieron en un hospital público muy mal atendidos. Mi padre le dio la vida y la salud a este país. No merece una cuota que no puede pagar, la última factura es de $ 550.000", detalla a Clarín su hija, Laura, que ya se comunicó con un abogado para presentar un recurso de amparo que frene el aumento de la obra social que -según exhibe en la factura- en los últimos años pasó a la órbita de Medifé.
Ya hubo por lo menos cinco fallos a favor de afiliados porque no pueden afrontar las cuotas actualizadas de los últimos meses, con aumentos del 100%. Sólo en marzo subieron hasta un 23%.
Entre los jubilados que todavía no accionaron surge la inquietud (o la esperanza) de si sería posible una demanda colectiva que lleve a un freno generalizado.
"No existe la acción de clase en Derecho argentino, y tratándose (los contratos con prepagas) de acuerdos entre particulares, es ese particular el único que puede sentirse agraviado y a través de ese agravio presentar un recurso excepcional como el amparo", explica a Clarín Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad.
El funcionario recibe entre 300 y 400 llamadas y mails por día en la Defensoría con casos de afiliados jubilados y pensionados que no pueden pagar.
El contexto es que el DNU 70 cambió la operatoria de la salud privada. Se derogaron los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de regular el costo de los planes.
Además de que liberó a los aportes de cada afiliado de tener que pasar por las obras sociales sindicales, permitió que las empresas de medicina prepaga ajusten sus cuotas sin mediación oficial: cada una hoy puede imponer los porcentajes de suba a su medida.
"Hay jueces que han otorgado las medidas cautelares, que es lo que interesa para que no se cobren los aumentos, y muchos otros que, en el caso de jubilados, no han aceptado la cautelar, porque consideran que esas personas mayores, como sucede en la mayoría de los casos, pueden llegar a tener un sistema de salud alternativo a la prepaga, como su obra social o el PAMI", marca el experto.
El problema, indica, es que los jueces, aunque den lugar al reclamo, no se están expidiendo sobre el fondo de la cuestión, "que es que este grupo no puede afrontar las cuotas a esos valores", sino sobre una "medida inmediata", para frenar el cobro y evitar que los afiliados queden sin cobertura de salud.
El amparo es una herramienta precautoria, que debe resolverse en cuestión de días. Eso la convierte en una medida sumamente útil pero, a la vez, temporaria.
En general, cuando es otorgada, el freno de los aumentos es por seis meses. Se ordena a la empresa de medicina prepaga que refacture la cuota a través del Índice de Variación Salarial, en base al monto que cobrara en diciembre.
Otro familiar que compartió una historia a Clarín, y que prefiere mantener el anonimato del jubilado, cuenta que el afiliado, su tío, tiene 97 años, "está muy bien de salud" y hace unos 30 años que se atiende en la misma clínica, que tiene su propia cobertura de salud.
“Imaginate que además de conocer a los médicos, de tener todos los estudios en ese sistema, de la cercanía ante tal o cual inconveniente urgente, él tiene depositada toda su confianza en ese lugar. Quedarse sin esa tranquilidad le modifica su propia estructura y la de sus hijos. No es que lo das de baja y te pasás a otra. Darlo de baja es que se quede sin prepaga y chau", detalla.
Entre su jubilación y la pensión que cobra por quien fue su única esposa, no llega a $ 300.000 por mes. "La cuota de su sistema de salud, que es la más baja, se fue a $ 180.000. No la estamos pagando. No puede. El único camino es el amparo", refuerza su sobrino.
Semino, como adelantó a Clarín, en las próximas horas se reunirá con la Secretaría de Comercio por este tema, que define como una "crisis humanitaria".
"Ya hablamos con Defensa del Consumidor, para ver cómo podrían arbitrarse estos aumentos en el caso de jubilados. Porque si bien pueden tener PAMI o una obra social que no les cobre ningún extra, las prestaciones no se brindan en tiempo y forma".
La prepaga en estos grupos, explica, que se mueven en un mix de atenciones en salud –por ejemplo, con mayores descuentos en medicamentos vía PAMI– funciona como
El derecho argentino no contempla las acciones colectivas.
"una rueda de auxilio". Si se caen del sistema privado, se pasan exclusivamente a un sistema público que ya viene estresado hasta para la atención por guardia.
Las demoras para turnos para especialidades, que siguen promediando los 3 meses, y para estudios por imágenes, atentan contra la salud de quienes estadísticamente necesitan ser asistidos con más frecuencia.
Presentar un amparo no es gratuito. Lo hacen, en la mayoría de los expedientes, familiares de los afectados por los aumentos y que tienen el dinero para pagar los honorarios del estudio de abogacía que los represente.
El Ministerio de Salud no tomó posición por el momento sobre estas cuestiones. Aunque lo parezca, entre afiliados y prepagas, detalla Semino, técnicamente, no hay un contrato comercial. "Es una cuestión de salud pública", cierra. ■