Se duplicó la cifra de presos en Ciudad y colapsan las comisarías
Hay 1.952 detenidos en sedes policiales, que no están aptas para albergarlos. El Gobierno porteño reclama al Servicio Penitenciario que los trasladen.
La sobrepoblación de personas detenidas en comisarías y alcaidías de la ciudad de Buenos Aires, el proyecto fallido de mudar la cárcel de Devoto, la mayoría de los delitos en manos de la Justicia Nacional y la falta de cupos en la órbita federal son problemas que no encuentran una solución definitiva.
Desde que asumió Jorge Macri al frente del Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad porteño quedó en manos de Waldo Wolf detuvieron a 4.292 personas entre el 10 de diciembre y el 31 de enero. Muchos fueron liberados por las características del delito, pero el resto se hacina en espacios colapsados y sin las condiciones de seguridad para alojar presos.
En la ciudad de Buenos Aires hay 1.959 personas en situación de encierro, entre comisarías y alcaidías que no están preparadas para alojar personas por períodos prolongados. No tienen duchas, camas ni áreas de visita y los familiares deben llevarles la comida porque no hay donde refrigerarla ni cocinar. No están garantizadas las condiciones de seguridad ni los objetivos de reinserción social, talleres, estudio o atención a las adicciones.
Hay 400 detenidos en comisarías que ya tienen una condena firme. Deberían ser trasladados a un penal para cumplir la pena. Además, 1.500 policías, “que no están capacitados y deberían cumplir otras funciones” -aseguran-, están destinados para custodiar a presos.
Wolff dijo a Clarín que “no están dadas las condiciones edilicias ni de seguridad, porque las comisarías no cuentan con las condiciones para alojar presos y la Policía no fue formada para eso”.
“Tenemos un problema grave porque esta problemática (la falta de cupos en penales federales) se agravó mucho durante el Gobierno anterior. El flujo de detenciones fue creciendo porque estamos yendo hacia un cambio del accionar de la Policía. Tenemos más detenidos y nuestra rápida reacción hace que cada detenido nuevo lo manden a una comisaría, lo que me saca un policía de la calle para custodiarlo. Mientras mejor hacemos nuestro trabajo más se agrava la situación”, analiza Wolff.
El promedio de detenciones en casi dos meses creció a 85 por día, el doble que en 2022, cuando fueron detenidas, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, 17.048 personas, un promedio de 46,7 detenciones diarias.
La decisión de la nueva gestión porteña es acelerar el ritmo de detenciones: las autoridades anunciaron la presencia de 300 policías más en las comunas 1, 2 y 14, de acuerdo a los datos del mapa del delito. Los hechos “menores” o “leves” son los que más crecen: hurtos, peleas intrafamiliares o vinculados a la conflictividad social o por problemas de salud mental. La mayoría son capturados en flagrancia, es decir, al momento de ocurrir.
Muchas capturas terminan en detenciones formales porque los cometen personas con antecedentes penales o penas de prisión en suspenso por causas similares.
El 40 por ciento de los capturados, según datos del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, tiene antecedentes penales. Más de la mitad terminaron libres por decisión judicial. Mientras aumentan las detenciones no hay dónde alojar a los detenidos y mucho menos una política criminal que apunte a que no reincidan en la vida delictiva.
“La mayoría de las detenciones en la Ciudad corresponden al Poder Judicial de la Nación. Es un Ministerio de Justicia que no puede definir la política criminal con el Poder Judicial ni el Servicio Penitenciario Federal, que tiene la responsabilidad de definir estrategias de reinserción social que no tienen en cuenta la capacidad de alojamiento. Actúan de manera desconectada”, cuestiona un abogado especializado en temas carcelarios.
En 2020, durante la pandemia, las cárceles quedaron aisladas de visitas y con el peligro de que el Covid entrara a los penales, casi todas desbordadas y con graves problemas de infraestructura. La situación derivó en una catarata de recursos de amparo para liberar presos por cuestiones médicas y fue la excusa perfecta de muchos para obtener morigeraciones de pena.
El SPF estabilizó los cupos y hoy tiene una población arcelaria de 11.348 en todo el país y una sobreocupación del 103,81 por ciento. Para sostenerlo, agravado por un conflicto entre las gestiones de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, limitaron las plazas disponibles para CABA y colapsaron las comisarías porteñas.
Desde entonces, la ciudad de Buenos Aires aumentó cada vez más el flujo de detenciones. Así, asesinos, ladrones y narcotraficantes comparten calabozos en comisarías con punguistas de celulares o personas que participaron de alguna pelea callejera.■