Crisis por los subsidios y “caja negra”, detrás del paro de colectivos
El paro de colectivos en algunas líneas del AMBA es el resultado final de una crisis que afecta al sector desde hace 15 años, pero que estalló en el último año y medio con la aceleración de la inflación y el atraso de las tarifas y los subsidios.
Sin embargo, el detonante de este paro fue el manejo de los fondos fiduciarios, que el Gobierno llamó las "cajas negras" de la política. Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó el control administrativo de esos $ 1,7 billones.
Cuentan los empresarios del transporte público automotor que Nación no envió los subsidios, que habitualmente se canalizan mediante el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), por lo que algunas de las compañías no pudieron pagar los salarios este miércoles.
El presupuesto vigente de este fondo para 2024 es de $ 479.216,31 millones, y ya se ejecutaron unos $ 112.139,19 millones, el 23,4%.
Al 6 de marzo, la deuda de la Nación -en mayor medida- y de la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de colectivos era de $ 50.498 millones por las líneas del 1 al 199, que son las que transitan solo por la Ciudad o cruzan al GBA; mientras que la provincia debía $ 40.528 millones por las líneas del 200 en adelante, que solo van por los municipios, según contó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).
Ese faltante de $ 91.026 millones determinó que no se abonaran los sueldos de los choferes de colectivos, representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Así, se llegó al paro. Durante la misma tarde de ayer, el dinero llegó y las líneas fueron levantando la medida de fuerza.
Previamente, muchas de las operadoras tampoco habían pagado a término el bono de $ 140.000 acordado en la paritaria, pues el Gobierno tardó en reconocer la nueva estructura de costos.
Según la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte, a las líneas de colectivos que pasan de la Ciudad al GBA (denominadas "SGI") se les reconoce $ 891,01, de los cuales los pasajeros pagan $ 187,50 y el Estado pone la diferencia. Pero las empresas sostienen que el costo "real" es cercano a los $ 1.000.
Otra decisión generó ruido en el sector. El mes pasado el Gobierno autorizó que la renovación de las unidades pase a ser cada 13 años (como máximo) en vez de cada 10 años. Eso hubiera ayudado a diluir los costos, pero se computaron dentro de la estructura para bajar l compensación estatal.
Más simple: los empresarios pensaron que Transporte iba a transferir un monto para renovar colectivos cada 10 años, pero la plata se la ahorra el Estado.
El próximo aumento de tarifas en AMBA, que podría aflojar el ahogo del sector, será en abril y estaría vinculado a la inflación de enero y febrero en el GBA.