El juicio por el atentado a Cristina Kirchner empezará el 26 de junio
El TOF 6 iniciará las audiencias para juzgar a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrrizo.
El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) fijó fecha para el inicio del juicio contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, contra Cristina Kirchner. El 26 de junio comenzará el debate oral y público donde la ex vice será citada a declarar como testigo.
Sin considerar que el caso tenga vinculación con ninguna organización política ni elementos para sostener que hubo un financiamiento externo, en junio del año pasado la jueza federal María Eugenia
Capuchetti dio por cerrada la investigación y mandó a juicio oral el caso.
Por sorteo, el expediente quedó en manos del Tribunal Oral Federal 6, el único que no tiene jueces titulares y que en este momento está integrado por tres subrogantes: Adrián Grunberg, Sabrina Namer e Ignacio Fornari. La fiscal ante el TOF 6 es Gabriela Baigún.
Después de admitir un extenso listado de testigos -encabezado por Cristina- y una batería de medidas de prueba complementarias a lo realizado durante la instrucción a cargo del fiscal Carlos Rívolo, el caso por el intento de homicidio a la ex Presidenta está listo para comenzar a juzgarse.
En este expediente los únicos detenidos y procesados son Sabag Montiel,Uliarte y Carrizo, acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.
El TOF 6 aceptó a más de 200 testigos requeridos por el Ministerio Público Fiscal, entre quienes está el jefe de la custodia de la ex vice, Diego Carbone, como también a sus secretarios privados que estaban ese día acompañándola.
Las medidas de prueba suplementarias incluyeron otro análisis sobre el celular e Sabag Montiel “con el objeto de recuperar la información que pudiera haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo electrónico”, sostiene la resolución del TOF 6.
También se requirió que la División Central Operativa de Video remita la totalidad de los registros fílmicos vinculados a los operativos realizados en el marco de la causa, como los registros obtenidos el día 1 de septiembre de 2022 por el personal policial que se encontraba en las inmediaciones del domicilio de Cristina en Recoleta.
La justicia además pidió los sumarios administrativos iniciados luego del atentado desde el Ministerio de Seguridad -de donde depende la Policía Federal y el área específica destinada a la custodiay el estado de esas actuaciones.
Respecto a los tres imputados en este caso, se pidió al Registro Provincial de Armas (REPAR) que informe si Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo “se encuentran inscriptos como legítimos usuarios de armas de fuego en cualquier categoría o si alguna vez lo estuvieron”.
Entre las medidas que pidió la fiscal de juicio y rechazó el Tribunal, se encuentra el requerimiento de sumar “los testimonios extraídos en la presente causa para continuar con la pesquisa en relación con algunas de las hipótesis orientadas a comprobar la existencia de otros posibles partícipes y autores intelectuales de la maniobra investigada”.
Sobre este punto, el TOF 6 entendió que no guarda relación con el objeto procesal del caso que se concentra en los tres jóvenes procesados y detenidos señalados como los responsables de haber querido atentar contra la vida de Cristina Kirchner.
Hay que recordar que la ex vicepresidenta criticó y rechazó la elevación a juicio del caso, haciendo referencia a un informe que el juez Martínez De Giorgi envió al fiscal Rívolo donde, después de analizar un drive con una gran cantidad de información de Jonathan Morel referente de la agrupación Revolución Federal, investigado en su juzgado por supuesta incitación a la violencia política-, se concluyó que no hay nada que pueda vincular a dicho espacio con los acusados en el caso del atentado.
Frente a las críticas sobre una “decisión de no investigar” esa conexión -para Cristina evidente, para Rívolo y la jueza inexistente- Capuchetti indicó que se agotaron las medidas para determinar a los autores materiales del atentado.
Cuando el caso fue elevado a juicio oral, la magistrada respondió a la crítica de Kirchner: “Aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”. ■