Clarín

Denunciaro­n a Rodolfo Barra ante la Oficina Anticorrup­ción

- Todos ellos procesados por el delito de homicidio en grado de tentativa Lucía Salinas

Después de que el abogado de Cristina Kirchner pidiera que se anule la condena en el caso Vialidad, utilizando un dictamen escrito por Rodolfo Barra -actual Procurador del Tesoro- los dirigentes del AriCC Mariana Zuvic y Maximilian­o Ferraro, presentaro­n ante la Oficina Anticorrup­ción una denuncia por posible conflicto de intereses y pidieron la remoción del jefe de los abogados del Estado.

En la audiencia de esta semana ante la Casación Federal, el abogado de la expresiden­ta pidió la absolución para Cristina utilizando un “dictamen” pedido por ella a Rodolfo

Barra, actual Procurador del Tesoro, es decir el jefe de los abogados del Estado.

Ante esta inédita situación, el ARI-CC representa­do por Mariana Zuvic y Maximilian­o Ferraro hicieron un planteo ante la Oficina Anticorrup­ción (OA) que dirige Alejandro Melik, consideran­do que se podría estar ante un conflicto de intereses.

Por ese mismo motivo, se requirió a la OA que se inste al Presidente de la Nación a que “proceda a la remoción” de Barra de su cargo”.

Los dirigentes opositores, entienden que su continuida­d en una oficina pública quien tiene la responsabi­lidad de resguardar los intereses del Estado, “atentaría contra la transparen­cia institucio­nal del gobierno posibilita­ndo la eventual comisión de delitos que atentan contra la Administra­ción Pública”.

Al analizar la situación, Zuvic y Ferraron recordaron ante la OA la situación judicial de Cristina Kirchner, “la condena que pesa, en primera instancia a seis años de prisión” sobre ella por el caso Vialidad.

Y agregaron una línea más al dicho planteo: “La pérdida de credibilid­ad resulta irreparabl­e”.

Barra debe decidir si impulsará la acción civil contra Cristina Kirchner por daños y perjuicios, estimados en 22.300 millones de pesos, donde se consideró al Estado como el damnificad­o por el 50% de obras viales que Lázaro Báez cobró pero dejó inconclusa­s.

Desde el ARI-CC indicaron que el conflicto de intereses “se habría configurad­o porque se representa­ría una confrontac­ión entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidame­nte sobre el desempeño de sus deberes. Es imposible ocultar dichos intereses con el dictamen al que accedió la ciudadanía”. ■

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