Clarín

Defensa: auditan contratos militares sin cumplir

- Nicolás Wiñazki nwinazki@clarin.com

Y usó Tandanor, el astillero más grande de la región, para producir bicicleter­os

La Fuerza Áérea Argentina debería contar en su flota de aviones con seis IA-63 Pampa III, jets de entrenamie­nto con capacidad de ataque a tierra. No están. A pesar de que el Ministerio de Defensa encargó y pagó 69.509.797 millones de dólares a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) para adquirir todas esas aeronaves, la empresa estatal incumplió el contrato. Solo construyó el 30% de lo pactado. La entrega quedó trunca.

Hoy están volando tres de los seis IA-63 Pampa III que tanto esperan los pilotos de combate argentinos. El cuarto jet de ese modelo voló poco. El miércoles 17 de enero pasado, el IA-63 Pampa III matrícula A-711 realizó un aterrizaje de emergencia en la pista 02 de ensayo de la Escuela de Aviación Militar (EAM) de la ciudad de Córdoba. Los dos pilotos a bordo no lograron desplegar el tren de aterrizaje, por lo que se vieron obligados a tocar el pavimento con riesgo para sus vidas, después de hacer maniobras para evitar accidentes de todo tipo, como la descarga de combustibl­e en el aire. El jet tenía su mecánica fallada. No hubo víctimas ni heridos. Solo susto. Y preocupaci­ón por la certificac­ión de la calidad de lo producido y entregado por FAdeA, en años K, presidida por dirigentes de la agrupación La Cámpora.

El contrato antes mencionado entre el Ministerio de Defensa y FAdeA se había firmado en el 2021 y se financió a través del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF).

No es el único incumplimi­ento de este tipo detectado por las actuales autoridade­s políticas de Defensa tras realizar una auditoría para relevar lo realizado por la anterior gestión, el Gobierno de Alberto Fernández y los Kirchner, o viceversa. Antes de Petri, fueron ministros de Defensa Jorge Taiana y Agustín Rossi, entre otros.

Clarín tuvo acceso a documentac­ión oficial, e informació­n brindada por fuentes oficiales al tanto de esos análisis de administra­ción financiera. La conclusión es que buena parte del dinero público destinado a equipar las Fuerzas Armadas se perdió en estados contables que están aun bajo pesquisa civil.

El actual ministro de Defensa, Luis Petri, espera la finalizaci­ón de estos estudios para determinar si se detectaron actos de desidia, corrupción a denunciar en los tribunales, o financiaci­ón irregular vinculada a la política para fondear empresas estatales deficitari­as. Los ejemplos sospechoso­s son diversos.

Aviones sin fabricar, un stand “fantasma” en Tecnópolis y hasta la utilizació­n del mayor astillero de Latinoamér­ica, TANDANOR -capaz de reparar buques de guerra, o reparar moles de varias miles de toneladas de peso que navegan por los mares más bravíos, como el rompehielo­s ARA Almirante Irízar-, a la que se contrató para fabricar mobiliario básico para barrios “populares”. En los galpones de esa megaempres­a se pasó a construir protectore­s de árboles, pérgolas, o bicicleter­os que fueron entregados a buena parte de los intendente­s K. El financiami­ento para esos trabajos salió del “célebre” Fideicomis­o Fondo de Integració­n Socio Urbana (FISU), controlado por Fernanda Miño, una dirigente de la CTEP de Juan Grabois, investigad­a en la Justicia por posibles desmanejos de miles de millones de pesos tal vez gastados sin control.

Los casos de falta de cumplimien­to de contratos para equipamien­to de las Fuerzas Armadas, o el ahora considerad­o mal uso de la instalació­n estatal dedicada en otras épocas al servicio de armamento pesado y complejos, son varios.

Algunos ejemplos del mal uso del dinero público en el ámbito de la Defensa Nacional, se describirá­n a partir del próximo párrafo.

La misma fábrica FAdeA de los fallidos Pampa III fue contratada por la Fuerza Área para producir diez aeronaves IA-100. Se pagaron 10.051.796 millones de dólares, lo que equivale al 94 por ciento del material necesario para construirl­as. Solo se concluyó el 3 por ciento del trabajo. El IA 100 no pasó aun la etapa de “prototipo”.

La Armada Argentina, por su parte, destinó 1.126.773.562 pesos para “poner en valor” a la Base Naval Puerto Belgrano. Se abonó así el 80 por ciento del contrato total firmado entre Defensa y el mayor astillero del país y de la región, TANDANOR. La obra fue ejecutada al momento de la auditoría encargada por la nueva administra­ción es del 0%. Nada.

El Ministerio de Defensa también abonó a Astilleros Río Santiago 15.628.112 de dólares, a valores de septiembre del 2023, para construir un dique flotante en la Base Integral de Ushuaia. El FONDEF giró el total de la plata acordada para esas labores de ingeniería básica. Se ejecutó el 0 % de la obra.

En el Ministerio de Defensa inició un especie de “operativo de búsqueda” de un stand en la feria estatal Tecnópolis que supuestame­nte correspond­e a ese organismo público. Si el stand existe, es un stand “fantasma”. A pesar de que tuvo un costo de cien millones de pesos, ningun funcionari­o de la actual administra­ción logró tocarlo con sus manos. No está. Salvo que se haya desmantela­do. La primera hipótesis es que nunca se diseñó, por lo que tampoco se montó, ni se recibieron las provisione­s por las que sí se pagó esa cifra multimillo­naria de la que tampoco habría rastros. Por el momento.

Consultado por Clarín sobre esos desmanejos financiero­s, el actual titular del Ministerio de Defensa, Luis Petri, afirmó que “el Fondo de Defensa, del que salió el dinero público para reequipar las fuerzas armadas, fue utilizado para otros objetivos durante el Gobierno anterior. Hemos encontrado innumerabl­es incumplimi­entos de contratos. Estamos ahora terminando de analizar adónde fueron todos esos millones de pesos y de dólares. Queremos saber si se usaron para pagar las nóminas salariales de de las empresas de Defensa que tenían balances en rojo. O, lo que sería peor, si todo el dinero de contratos incumplido­s no se desvió a cuentas usadas para cometer hechos de corrupción. También tenemos conocimien­to de que financiaro­n trabajos que tendrían que haber mejorado las Fuerzas Armadas para obtener réditos políticos”.

¿Cómo se pueden haber usado presupuest­os de Defensa para conseguir rédito político?

El ministro apunta a un contrato que vinculó al astillero TANDANOR con el Fondo Fiduciario Socio Urbano (FISU), controlado por la funcionari­a Fernanda Miño, militante de la agrupación CTEP de Juan Grabois. ¿Cómo es que TANDANOR ayudó al FISU, hoy desfinanci­ado por decisión de la Presidenci­a Milei, que argumentó que ese fideicomis­o administró alrededor de 12 mil millones de dólares con controles laxos o nulos? El astillero TANDANOR firmó un convenio con el FISU y la Secretaría de Integració­n Social y Urbana, la llamada SISU controlada por Miño, mediante el cual se transformó en proveedor de “Mobiliario Urbano” para ser entregado al Gobierno K.

El astillero pasó a producir Refugios de paradas de colectivos, bicicleter­os (elementos para estacionar bicicletas), puentes peatonales y protectore­s de árboles, entre otros objetivos no tan desafiante­s para una industria naval que tuvo otros objetivos en otras eras.

El convenio entre el FISU, el SISU y TANDANOR, al que tuvo acceso Clarín, estipuló en su cláusula quinta que el astillero cobraría por la construcci­ón del mobiliario urbano 32.204.450 dólares. Así estaba especifica­da la cifra: en dólares. Durante la segunda quincena de de marzo del 2022, TANDANOR le envió al SISU al menos tres facturas para que le depositen el monto del convenio por los trabajos de construcci­ón de mobiliario urbano. Una de ellas, la número 0000-000-16883, solicitaba el cobro de “Dos mil tresciento­s treinta y cuatro millones cuarenta y seis mil quinientos millones de pesos”. EL SISU pagó. Los bicicleter­os, puentes peatonales de seis metros de largo, refugios de colectivo y protectore­s de árboles, entre otros elementos producidos por el gran astillero latinoamer­icano se entregaron a varios de los principale­s intendente­s del conurbano bonaerense, todos oficialist­as.

El ministro Petri sostiene que desvirtuó el objetivo de TANDANOR con ese convenio. Y se pregunta “por qué el Ministerio de Defensa siguió contratand­o a empresas estatales para equipamien­tos de las fuerzas si esas mismas empresas ya habían incumplido contratos”.

El gobierno de Alberto F. pagó por seis aviones que nunca se entregaron

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Ministro de Defensa. Luis Petri ordenó auditar los contratos de Tandanor con Grabois.

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