Rosario estuvo ayer paralizada por el temor a ataques narcos
No hubo servicio de taxis, trolebuses, recolección de residuos ni clases. También se resintió la atención en hospitales y estaciones de servicio.
“Esto es simple: vos matás a la dueña de una granja y no te va a dar pelota nadie. Matás a un taxista, a un colectivero o alguien de algún servicio público y tenés a todos en vilo. Lograron parar la ciudad: no hay colectivos, no hay taxis. El año pasado, algunas escuelas no abrían porque las tiroteaban o por miedo a que lo hicieran”.
La sentencia que ilustra la situación que vive Rosario es de un policía que custodia el edificio de la Gobernación de Santa Fe. Si las bandas del crimen organizado buscaban eso con la escalada de violencia que azotó la ciudad durante la semana pasada lo lograron con creces y a costa de inocentes.
Con casi 1,5 millón de habitantes, la tercera ciudad más grande del país amaneció ayer sin colectivos, trolebuses ni taxis. No hubo recolección de residuos, las estaciones de servicio limitaron su atención y los establecimientos educativos de los tres niveles no abrieron. La Universidad de Rosario dejó a consideración de cada facultad abrir o no sus puertas y los centros de salud y hospitales prestaban atención mínima. Mientras se espera cómo se instrumentará el envío de miembros de las Fuerzas Armadas rige un Comité de Crisis. La ciudad está paralizada desde el jueves, cuando hubo paro de taxis, como respuesta a los asesinatos de dos taxistas.
El jueves a la tarde balearon a sangre fría a un chofer de trolebús. Como no había taxis, el blanco fue otro trabajador del transporte, un serviEl cio público. El viernes y el sábado hubo paro de colectivos.
Las autoridades se abocaron desde el jueves a establecer medidas de seguridad, como un Comité de Crisis, la organización de mayores operativos con la llegada de más agentes de fuerzas federales (algo que aún se aguarda) y de allanamientos para encontrar a los autores de los crímenes de los taxistas y a sus cómplices, que se cuentan por veintenas en ambos casos.
El sábado a la noche asesinaron a Bruno Bussanich (25), playero de una estación de servicio de la zona oeste, mientras en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez agonizaba el chofer de trolebús Marcos Daloia (38), quien murió el domingo. Delincuentes balearon escuelas, comisarías y un penal. Todo indicaría, según la hipótesis de gente de a pie, taxistas y autoridades, que el estado de terror que reina en la ciudad es producto de una represalia que las bandas narco tomaron por los operativos “a lo Bukele” en la prisión de Piñero.
Los allanamientos tras las muertes de los taxistas Diego Celentano, y Héctor Figueroa culminaron con tantos detenidos como armas, municiones, teléfonos, motos y otros insumos del crimen organizado.
Por eso, autoridades municipales, provinciales y nacionales acordaron un Comité de Crisis para intentar dar una solución. Sin embargo, la violencia escaló. El sábado a la tarde fue colgada una bandera con amenazas al gobernador y al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros hijos y familiares. Van a seguir las muertes de inocentes: taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”, advertía la amenaza, en Circunvalación y Boulevard Oroño.
Otros mensajes intimidatorios señalaban “esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando a la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes” y “preparen los cajones”.