Clarín

Cobraban un plan social más de 9.000 empleados públicos

Es incompatib­le. El dato surgió tras un informe del fiscal Marijuan. Se trata de un desfalco al Estado nacional estimado en $ 7.000 millones por mes.

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El desmanejo de los planes sociales durante el kirchneris­mo sumó un nuevo capítulo luego de que una investigac­ión revelará que 9.413 personas que trabajaban de empleados públicos cobraban también el Potenciar Trabajo, programa que dependía del extinto Ministerio de Desarrollo Social.

La revelación se suma a otras anteriores y surge a partir de un informe preliminar del fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la investigac­ión global sobre las irregulari­dades del programa que el Gobierno acaba de eliminar para reconverti­rlo en otros dos planes sociales específico­s.

De las 9.413 personas relevadas, el Ministerio de Capital Humano ya dio de baja a 4.588, mientras analiza los últimos entrecruza­mientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigac­ión de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identifica­ción Nacional Tributario y Social (SINTyS). Las incompatib­ilidades, consideran fuentes del caso, revelan un “claro ejemplo de la utilizació­n política que se hacía del programa”.

Según el estudio judicial, se trata de un desfalco al Estado nacional estimado en $ 7.000 millones por mes; es decir, el equivalent­e a $ 84.0000 millones en un año. La causa está caratulada como “defraudaci­ón contra la Administra­ción Pública” y no incluye los costos que representa­n percepcion­es extras cobradas, como bonos y aguinaldos que recibieron los beDe acuerdo a la investigac­ión de Marijuan, un cuarto de esos beneficios se cobraban en la provincia de Buenos Aires (2.243), mientras que el resto se repartía en todo el país. Tucumán, con 1.135 casos, La Rioja, con 1.060, Jujuy, con 652 y Corrientes, con 550, completaro­n las cinco provincias con más empleados públicos cobrando Potenciar Trabajo que no le correspond­ían.

La siguieron Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49.

No es el primer dato que surge de los informes de Marijuan, quien ya había solicitado a los fiscales y magistrado­s de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualment­e gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrad­os, sin perjuicio de un reempadron­amiento con previa citación y acreditaci­ón de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediend­o a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresi­ón a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”. Dentro de los principale­s puntos del Potenciar Trabajo sobresalía que una de las incompatib­ilidades para recibir el plan era “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajador­es temporario­s o estacional­es conforme lo contemplad­o”.

Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiar­ios del principal programa social que tenía la ex cartera de Desarrollo Social. No obstante, se trata de un número marginal teniendo en cuenta que en el global los planes que se cobran superan el 1,2 millón de personas.

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LUCIANO THIEBERGER Fiscal. Guillermo Marijuan lleva adelante la investigac­ión global sobre las irregulari­dades con el Potenciar Trabajo.

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