Despiden a 1.800 personas en las represas de Santa Cruz
El Gobierno debe decidir si reactiva la construcción de las represas Cepernic y Kirchner, hoy paralizadas. Crece la preocupación en la provincia.
En una provincia con 337.000 habitantes, un conflicto laboral que incluya a 5.000 trabajadores enciende las alarmas de cualquier gobernador. Es el cálculo que Claudio Vidal, al frente de la administración santacruceña, realiza cuando contabiliza los puestos de trabajo que dependen de una decisión de la Casa Rosada: la reactivación de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner y la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Por el momento la respuesta del Estado nacional sólo presagia un conflicto de grandes dimensiones. Ayer, la UOCRA anunció que se comunicó el despido de 1.800 operarios de las represas.
“Se nos prende fuego la provincia”, es la frase reiterada en la gobernación de Santa Cruz. En términos porcentuales, si las represas no se reactivan (la obra se detuvo en noviembre) como por el momento sostiene el Gobierno nacional, y si se avanza en el Congreso con la iniciativa de privatizar YCRT, el 1,5% de la población santacruceña quedará sin fuentes de trabajo.
De hecho, Represas Patagonia la identificación de la UTE a cargo del megaproyecto- informó que la obra se encuentra detenida desde noviembre pasado por falta de fondos y que se encuentran en conversaciones con ENARSA (comitente de la obra), para reactivar los trabajos, pero aún no hay una fecha precisa.
En este contexto, "que excede a la UTE y lamentando mucho la situación; se prescinde momentáneamente de parte del personal vinculado al proyecto. Mantendremos una dotación en las obras con mínima actividad para garantizar su continuidad", informó la UTE. Según el sindicato de la construcción, los despedidos son 1.800.
La discusión política confronta el número de puestos de trabajo con otros datos. El Poder Ejecutivo Nacional entiende que las empresas deficitarias deben estar bajo revisión y con los números sobre la mesa, privatizarlas para que no sea una “canilla por donde se sigan perdiendo recursos millonarios”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
Río Turbio: una mina de carbón sin rumbo
En ese cuadro de análisis se encuentra YCRT. La empresa minera ubicada al suroeste de Río Gallegos (capital de la provincia), se dedica a la extracción de carbón. Se encuentra intervenida por el Estado nacional desde 2002. Sus números están completamente en rojo, “no es rentable pero al menos puede producir para no dar pérdidas”, indican las actuales autoridades.
Pese a la voluntad de no cerrar la compañía, el presidente Javier Milei insistirá en su privatización por lo deficitaria que es la empresa: Por sueldos, cargas sociales, jubilaciones, bienes y servicios e inversiones, se gastan 7.384 millones de pesos por mes. Para este año necesitará asistencia del Estado nacional por 80.000 millones de pesos.
Sólo los sueldos insumen 3.485 millones de pesos mensuales, más 1.952 millones que se destinan a las cargas sociales. La plantilla de personal de YCRT se compone de 2.142 agentes, de los cuales sólo 900 son mineros, los únicos que trabajan en exposición al frente de la mina.
Para la Casa Rosada los números no cierran. La intervención a cargo de Thierry Decoud insiste en que la mina puede ser productiva y al menos, no ir a pérdida y subsanar su rojo financiero. El gobernador Vidal convalida ese criterio y se opone a la privatización que La Libertad Avanza. De hecho, junto a sus pares patagónicos, emitieron un comunicado rechazando la iniciativa de privatizarla.
Represas bajo la lupa
A los puestos de trabajo que podrían peligrar ante el avance de la privatización de YCRT, instancia en la que se duda sobre un posible comprador para la compañía, se suma otro conflicto que la UOCRA ya viene advirtiendo: el cese de la construcción del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.
Esta semana se desvincularon a 1.800 trabajadores nucleados en el gremio de la construcción, de forma provisoria, hasta tanto el Gobierno nacional ponga fecha de reactivación. La UTE confía en que las negociaciones conducen hacia ese camino. La firma estatal ENARSA, comitente de la obra, no dio señales de reactivación. La obra se frenó en diciembre con el cambio de gestión. ■