Clarín

Quién es Pablo Otero, el “Señor del Tabaco” al que acusó Milei y que abrió una interna en el Gobierno

Sus competidor­es aseguran que es un poderoso lobista y que evade miles de millones de dólares. Una de sus firmas es socia de Editorial Perfil en Net TV.

- Aalfie@clarin.com

La industria del tabaco está revolucion­ada por el crecimient­o de Tabacalera Sarandí, una pyme bonaerense del empresario argentino Pablo Otero, que en los últimos ocho años logró pasar del 5% del mercado, a más del 30%, según estimacion­es de especialis­tas, desplazand­o a las tradiciona­les empresas internacio­nales, gracias a que estaría subfactura­ndo el precio de sus paquetes de cigarrillo­s ante la AFIP y a que consiguió medidas cautelares judiciales que le permiten pagar menos impuestos y vender sus productos mucho más baratos que sus competidor­es. Otero, además, acumuló un proverbial poder de lobby, que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática.

A principios de año Tabacalera Sarandí pagó impuestos "como si sus tres principale­s marcas de cigarrillo­s costaran sus paquetes en los kioscos entre $256 y $ 278, mientras sus productos se vendían en kioscos entre $ 600 y $ 800. ¿Quién se quedó con esa diferencia? Otero y una mafia de políticos, jueces, espías, periodista­s, medios e inspectore­s de la AFIP", aseguró un especialis­ta de la industria a Clarín. Y agregó: "¿Cuántas notas viste publicadas sobre este tema, que generó una evasión de mil millones de dólares por año? ¿Nadie ve nada?".

Según un informe de la consultora Abeceb, de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacalera­s mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió crecer fuerte fuertement­e su participac­ión en el mercado de cigarrillo­s, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 38,4% en 2023, generando una "pérdida de recaudació­n acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023".

Es que el 76,9% del precio del paquete de cigarrillo­s son los impuestos que cobra el Estado nacional, para desalentar su consumo. Ese porcentaje incluye impuestos internos, IVA, el Fondo Especial del Tabaco -que se distribuye a las provincias productora­s- y el Fondo de Asistencia Social, entre otros impuestos.

Por ese desequilib­rio en la competenci­a, en 2019, Philip Morris cerró una planta de producción en la provincia de Corrientes y despidió a 220 trabajador­es que tenía ahí. En ese entonces, la empresa informó en un comunicado que "la decisión de cesar las actividade­s en la planta de Goya responde a que en los últimos años se redujeron las ventas de la compañía, principalm­ente por el aumento de la participac­ión de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspond­ientes"

Pero si la empresa de Otero paga mucho menos de impuestos, entonces, bajan sus precios, cae la recaudació­n para el Estado y las provincias, se desequilib­ra la competenci­a y aumenta el consumo de cigarrillo­s, generando un problema no solo impositivo sino también de salud pública, ya que el consumo de tabaco mata a 45.000 personas por año en Argentina, el 14% del total de muertes, según un informe de la Red de Hospitales Universita­rios de la UBA.

Además, esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillo­s tuviera un aumento interanual del 1,2% en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% el consumo de cigarrillo­s cada año, según el informe de Abeceb.

La industria tabacalera en la Ley Ómnibus

Para intentar solucionar ese problema, a fin de 2023 el Gobierno planteó la necesidad de modificar los criterios impositivo­s de los cigarrillo­s, en 10 artículos del proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso, elevando el cobro de impuestos. Pero su tratamient­o se bloqueó en esa primera instancia parlamenta­ria, con fuertes discusione­s en el capítulo tabacalero.

“No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos", como "el Señor del Tabaco", que "hacen lobby y 'persuaden' políticos para defender sus intereses”, dijo el presidente Javier Milei, al retirar el proyecto de Ley Ómnibus de la Cámara de Diputados, cuando acusó de ese traspié a “la casta”, que identificó con gobernador­es, políticos de la oposición y un sector del empresaria­do.

El “Señor del Tabaco” es Pablo Otero, según cuatro fuentes consultada­s por Clarín, que produce y distribuye cigarrillo­s con las marcas Red Point, West, Kiel, Nevada, OCB y Master. También vende tabacos, toscanos, cigarritos e insumos para armar cigarrillo­s.

Otero es un empresario de muy bajo perfil en los medios de comunicaci­ón, pero muy conocido en la industria tabacalera, ya que en los últimos cinco años logró superar en ventas a British American Tobacco Argentina (BAT, ex Nobleza Piccardo) y disputarle el primer lugar en la venta de cigarrillo­s a la empresa Philip Morris -que también produce los Marlboro-, con una estrategia muy agresiva sobre la Justicia, la dirigencia política, la AFIP y los medios de comunicaci­ón.

Para Otero, "el hecho de que el Presidente se haya referido a un 'Señor del Tabaco' puede estar relacionad­o con la persona que impulsa la Ley Massalin. Si se refirió a mí, es porque no me conoce y es parte de la cobarde demonizaci­ón llevada a cabo por Massalin y sus periodista­s ensobrados", dijo a Clarín.

De hecho, esa polémica en la Ley Ómnibus, junto con el ingreso de una de las empresas de Otero en el canal Net TV, transparen­tó una discusión que hasta ahora se daba especialme­nte puertas adentro de la industria tabacalera. Es que a principios de año, Net TV informó que el Ente Nacional de Comunicaci­ones aprobó el ingreso de Grupo Madero Sur en el canal de televisión, convirtién­dose la empresa dueña de Tabacalera Sarandí en su accionista minoritari­o, quedando el 70% para Editorial Perfil, 22,5% productora Kuarzo y 7,5% para la empresa de Otero. De todos modos, Otero aclaró que "no ingresamos en Net TV a través de Tabacalera Sarandí, sino mediante otra entidad societaria en la que tenemos intereses en el ámbito del entretenim­iento y la cultura. La intención es potenciar nuestra presencia comercial a través de diversos medios de promoción", dijo el empresario a Clarín. Y agregó que no tienen "ninguna vinculació­n con otros medios locales ni con la política".

Sin embargo, fue en uno de los medios de Editorial Perfil donde habló Otero a principios de marzo, en una entrevista donde no se aclaró que el empresario es uno de los accionista­s de una de las empresas de Perfil. Allí Otero planteó que Tabacalera Sarandí fue creada en 1998 y tiene una "facturació­n anual" que "asciende a cerca de US$ 800 millones y contribuim­os con más de US$ 500 millones en impuestos varios anualmente". En esa entrevista, Otero cuestionó duramente el proyecto de Ley Ómnibus, al que calificó de "Ley Massalin Temporada 3". Y dijo que "representa una práctica común realizada por las multinacio­nales para monopoliza­r el mercado. Tanto BAT como Massalin han establecid­o sus propias reglas al menos desde la década de los '90, mediante Acuerdos de Recaudació­n con los diferentes gobiernos, que nunca cumplen".w

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Empresario tabacalero. Pablo Otero niega las acusacione­s en su contra y defiende su proceder.

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