Espionaje: tras 4 meses abren el celular del “Conu” Rodríguez
El juez dispuso una reunión vía Zoom con el fiscal, pero la Cámara Federal ordenó una audiencia presencial.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi siguió poniendo reparos a la apertura del celular del dirigente de La Cámpora y ex funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez a más de cuatro meses de su secuestro en la causa del espionaje ilegal a jueces y fiscales. Pero, otra vez, la Cámara Federal rechazó sus medidas.
Sucede que es un tema políticamente sensible. El kirchnerismo está preocupado por la posibilidad de que la Justicia encuentre mensajes que revelen otros pedidos de operaciones de espionaje en el celular del “Conu”, además de la que se le hizo en el 2022 a la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, enemiga interna de la Cámpora. Y sobre todo, comunicaciones del ex funcionarios de la AFIP y del gobernador bonaerense Axel Kicillof con otros líderes del kircherismo.
En la causa también está imputado el ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Precisamente, ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo a La Nación + que en la Policía de Seguridad Aeroportuaria "encontré un grupo de inteligencia paralelo vinculado a Tailhade".
El detenido y procesado espía inorgánico Zanchetta le pasó en diciembre de 2022 los chats hackeados al ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro a Tailhade, como está acreditado en la causa.
Primero, el juez dispuso que él iba a seleccionar qué parte del contenido del celular del hombre de confianza de Máximo Kirchner servían para la causa a fin de guardar su “derecho” a la intimidad. Pero el fiscal Carlos Stornelli y las querellas apelaron y la Cámara Federal ordenó que se analicen todas las llamadas, audios y videos del camporista que contrató al espía inorgánico y policía retirado Ariel Zanchetta en una audiencia.
Sin embargo, el juez ordenó que la audiencia fuera vía Zoom, cuando la pandemia terminó hace cuatro años, y no presencial. Entonces, el fiscal y las querellas volvieron a apelar a la Cámara Federal.
En un fallo, el tribunal con el apoyo unánime de Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, recodó que es interés legítimo de los fiscales conocer las pruebas como “representante de los intereses generales de la sociedad (art. 120 CN) y titular de la acción penal (art. 5, CPPN), de confrontar los elementos del caso, argumentar sobre ellos y proponer cursos de acción (arts. 198 y 199 del CPPN, entre otros)”. Y también es interés legítimo “el de la defensa, que expresamente alegó que entre el material a que se pide acceso, existen cosas completamente ajenas al objeto del caso” y de carácter privado.
No obstante, el Código Procesal Penal fija “la publicidad del sumario para las partes y su secreto para quienes no revisten ese carácter”, subrayó la cámara.
Entonces, el tribunal “dispuso que el “procesamiento” de la información debía respetar esa manda normativa y realizarse con la presencia del magistrado, la de la defensa y la de las partes acusadoras, en una audiencia conjunta”.
En base a estas premisas, la Cámara coincidió “con lo alegado en los recursos (de la fiscalía y la querella) en punto a que una audiencia presencial (no virtual, dadas las posibilidades que la transmisión de los datos por esa vía genera) es la forma adecuada de garantizar de la mejor manera posible el cumplimiento de los parámetros fijados por la Sala, en resguardo de todos los intereses en juego”. Y pidió registrar para un control posterior (por el medio que se escoja)” la audiencia.
El “Conu” respondía directamente a Máximo Kirchner.