Rosario: revelan la falta de equipos de los fiscales contra los narcos
El Gobierno postergó hasta mayo el arranque del sistema judicial acusatorio. Según la Procuración, falta un edificio, laboratorios, cárceles y seguridad.
Mientras crece la tragedia de Rosario ante el avance narco, el presidente de la Corte Horacio Rosatti mantuvo el viernes un diálogo institucional con el poderoso jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para buscar apoyo a fin de instrumentar el nuevo sistema acusatorio penal.
Se trata de la mejor herramienta judicial para luchar contra el narcotráfico de la mano del operativo de saturación que dispuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras los asesinatos de inocentes ejecutados por sicarios de los narcos para crear terror.
De los últimos diálogos que hubo esta semana de parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con Rosatti o el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, camaristas y otros miembros de la Corte quedó evidenciado que para que el nuevo intento de agilizar los juicios contra los narcos no fracase, harán falta nuevas partidas presupuestarias para financiar el sistema acusatorio.
Durante la semana, el ministro de Justicia tuvo un cruce con Casal luego de recibir una carta en el que explicaba las necesidades materiales para instrumentar el nuevo código. Cúneo Libarona le contestó a Casal: “El procurador está lejos, en Panamá. Rosario arde y tenemos que actuar”. En realidad, Casal estaba en Buenos Aires.
Rosatti viajó el jueves en auto y bajo la lluvia a Rosario para ponerse en contacto directo con los jueces de la Cámara Federal local.
Luego mantuvo esas múltiples conversaciones, Cúneo postergó para el 6 de mayo el inicio del sistema acusatorio en el peligroso distrito judicial Rosario que abarca toda la provincia e incluso llega a San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
En fuentes del Gobierno de la Libertad Avanza se afirmó que “no fue un retroceso de Cúneo, sino que el ministro puso, en principio, una fecha imposible de cumplir a propósito para que se muevan todos los jugadores del sistema judicial”. El presidente de la Corte acordó con sus interlocutores de Gobierno enviar el martes un equipo técnico del máximo tribunal y el Consejo de la Magistraturaa para tomar nota de las necesidades de los jueces ante el desafío y crear una Oficina Judicial en Rosario que se encargue de todos estos problemas de infraestructura.
Sin embargo, en un informe reservado de la Procuración General de la Nación, al que accedió Clarín en exclusiva, se destaca la necesidad de un nuevo edificio, de computadoras, peritos, insumos y seguridad para los fiscales y sus equipos que investigarán, a partir del 6 de mayo, los casos complejos de narcotráfico y crimen organizado.
Casal creó, en el 2018, una Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) que hizo un diagnóstico de la situación de la justicia federal en Santa Fe ante la crisis provocada por el aumento del narcotráfico.
El año pasado, tras los ataques a balazos a la familia de Messi, el Congreso, en forma unánime, sancionó de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe (Ley 27.715) que crear más cargos de jueces y 27 fiscalías.
La jurisdicción Rosario abarca una población de más de 3.900.000 habitantes en una superficie de 139.962 km . Así el distrito Rosario cuenta con un total de 41 cargos de fiscales, 27 de los cuales son cargos de Fiscales Federales Penales creados en el art. 3º de la Ley de Fortalecimiento. En el distrito Rosario (con Reconquista incluido) ya se desempeñan 241 agentes, un 19% más que en 2022.
Pero la situación del Ministerio Público Fiscal para enfrenar el nuevo paradigma del Código Procesal “es actualmente crítica y requiere que se aborden con urgencia soluciones sostenibles a largo plazo que garanticen que, una vez implementado el nuevo Código Procesal, el organismo se encuentre en condiciones de cumplir con su nuevo rol de exclusivo director de las investigaciones penales federales”, dice el informe de la UNISA.
Una de las prioridades de la Procuración es la adquisición “de infraestructura edilicia adecuada y de recursos materiales y técnicos que permitan llevar adelante peritajes químicos, obtención de datos forenses en dispositivos móviles y de almacenamiento, adquisición, preservación y análisis forense de imágenes, audio y video, procesamiento”.
También, de equipos para el “análisis de grandes volúmenes de datos, análisis contables, entre otras prácticas forenses críticas que actúan como soporte en la investigación de delitos complejos y de criminalidad organizada”.
Paradójicamente, la Justicia Federal tiene en el distrito Rosario 698 empleados, mientras que las fiscalías solo 241 y ahora la mayor tarea recaerá sobre los segundos.
La actual situación edilicia de las sedes donde funcionan las fiscalías federales, “además de ser deficiente en términos de espacio y estructura, presenta un diseño congruente con el sistema procesal mixto (para el viejo Código Procesal)”.
“Ello resulta inconveniente para alcanzar los estándares de eficiencia en la investigación y litigación penal propios de un sistema acusatorio”, advierte el informe. Es decir, se necesita un edificio central propio para los fiscales donde ahora concurrirán los imputados, familiares, testigos y peritos.
Otro problema es la creación de nuevas cárceles. En la jurisdicción Rosario “había 1149 personas privadas de la libertad a disposición de los tribunales federales” hasta diciembre 2023. De ellas, un 47 % se encuentra ejecutando condenas a penas de prisión.
Pero Santa Fe es una de las pocas provincias sin establecimientos de del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para afrontar las necesidades de la justicia federal.
En lo que se refiere al Laboratorio de Informática actual solo tiene una capacidad de trabajo de extracción de datos de hasta cinco teléfonos celulares por día y de hasta dos computadoras o similares por día. Uno de los fiscales de Rosario contó a Clarín que hay pocos dispositivos UDEF para abrir celulares y esta situación “produce un embudo” y demora las investigaciones sobre las bandas de narcos, cada vez más rápidas y versátiles.
Además, la mayoría de los jueces y fiscales de Rosario hasta ahora no tienen custodia. La Procuración les ofreció custodias y ahora será el ministerio de Seguridad el que deberá proveer policías para garantizar la vida de los que investiguen casos complejos.
A diferencia de los tribunales de Comodoro Py, los de Rosario están siempre vallados y con policías con chalecos antibalas y armados hasta los dientes.
Rosatti está más confiado que Casal ante este desafío de 45 días y la promesa del Gobierno de Milei de aportar fondos. Y apuesta a un “efecto contagio” para tratar de llevar, después de la experiencia Rosario, el sistema acusatorio a Mendoza.w