La crisis de los alquileres también se siente en la Villa 31: fuertes aumentos y más construcción
Como en otros barrios, hay mucha demanda y poca oferta de viviendas. Pese a los controles, se siguen edificando unidades precarias para alquilarlas.
Como en el resto de la ciudad, en los barrios populares el acceso a los alquileres ocupa un lugar central en la preocupación de las familias. Aún cuando las viviendas -mayormente de un sólo ambiente y con baño compartido- presentan deficiencias, los vecinos y vecinas tienen serias dificultades para acceder a ellas, porque la oferta escasea y los precios, desbocados, aumentan al ritmo de la inflación.
Por un lado, la construcción avanza de manera sostenida. Las casas aprovechan los metros aéreos disponibles y "crecen" hacia arriba; una postal que cambia casi día a día para los miles de usuarios de la Autopista Illia, por ejemplo, desde donde a simple vista se perciben estos cambios.
Una mañana cualquiera en el barrio, muestra el movimiento intenso de materiales que ingresan en motos, en motocargo, en bicicletas y hasta en retroexcavadoras, cuyas palas son utilizadas para trasladar cemento, recién producido en pequeños camiones mezcladores.
Y por otro lado, las cientos de familias que salen a recorrer el barrio buscando dónde vivir. Muchas de ellas se acercan hasta la primera inmobiliaria con local a la calle, en donde los atiende Jorge Ferrero (corredor inmobiliario por Cucicba, el colegio profesional porteño): "Entre lunes y miércoles entraron 20 personas a dejarme sus datos para que los ayude con la búsqueda de vivienda. Además tenemos pedidos por el Whatsapp y nuestras redes sociales. Una de las mayores trabas es que en muchos casos no aceptan familias con chicos".
En los barrios populares, en general, lo que se alquila como vivienda es una habitación con baño compartido: "Como un precio de referencia, pueden tener un valor de entre $ 40.000 y $ 50 por mes. Y con baño propio, entre $ 80.000 y $ 90.000", estimó.
Maria Cristina Cravino es doctora en antropología e investigadora del Conicet y en diálogo con Clarín aportó su mirada: "El proceso de inquilinización se manifiesta igual que en todo el país, pero con una conflictividad más pronunciada porque en los barrios populares nunca aplican las regulaciones del mercado, entonces en un contexto de crisis, la situación es aún más compleja. Hoy en la 31, como en otras villas, todo lo que se construye es para alquilar".
Explica que hay una presión muy grande sobre los barrios populares -la Villa 31 tiene además un plus por su ubicación estratégica-, por eso hay poca oferta: "Durante la crisis de 2001 realizamos muchas entrevistas y encuestas con familias de clase media/baja que llegaban al barrio después de dar mil vueltas por hoteles, pensiones, casas de familias, o de amigos. Porque para quienes "se caen" de la formalidad, llegar a estos barrios provoca miedo y vergüenza. Tengamos en cuenta que hoy los hogares inquilinos en la ciudad formal son muchos más que hace 20 años", advirtió Cravino.
Según los datos oficiales, la inquilinización en Ciudad de Buenos Aires trepó al 36,1% de los hogares (51,2% son propietarios), relevados durante la ultima Encuesta Anual de Hogares de 2022 que lleva a cabo la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña. En 2013 el porcentaje se ubicada en el 32,1% (56,8% propietarios).
En Facebook, los vecinos y vecinas tienen un canal de comunicación para publicitar propiedades, para buscar o simplemente para compartir experiencias. La mayor angustia hoy son las limitaciones para alquilar con menores de edad. Ni hablar, con mascotas. Manifiestan que los aumentos se dan de manera compulsiva, sin aviso.
En inmediaciones a lo que se conoce como barrio Bajo Autopista, una vecina charló con Clarín y contó que ahora mismo estaba buscando dónde mudarse: "Estaba pagando 55.000 pesos por una pieza con baño compartido, vivo sola y trabajo en servicio doméstico en Vicente López. Me aumentaron en enero a 80.000 y ahora me quieren subir a 150.000. Yo estoy cobrando 250.000 y por suerte mis patrones ahora me dieron un día libre por semana, para compensar un poco la situación agobiante. Ellos son de clase media, no son ricos. No sé que hacer y lo peor es que pregunté a los vecinos y muchos están peor".
Se suma otra mujer que aportó su testimonio. "Fui a ver una pieza con baño privado y me pidieron 160.000, para una sola persona, es una cuevita, con cero de luz", se lamentó. Ambas cuentan que éste es el motivo por el que se ve mucho movimiento en el barrio: gente que se va y que llega permanentemente. Incluso muchas familias terminan en situación de calle.
"Esta el miedo que tienen algunos propietarios de que las familias se instalen y no se las pueda desalojar. Y los inquilinos que hoy cuentan con la posibilidad de tener un techo, viven preocupados por los aumentos permanentes. La presión sobre el barrio genera estos conflictos que nos preocupan", le dice a Clarín Pedro Meza, vecino de Güemes, uno de los barrios que tiene la villa.
La Ciudad, por lo pronto, continúa con obras pendientes relacionadas con la urbanización. Desde la Unidad de Proyectos Especiales Barrio Padre Mugica informaron se avanzó con los compromisos vecinales para detener la construcción: "Una de las intervenciones que se llevan a cabo dentro del proceso de urbanización es el de "mejoramiento de viviendas". Los vecinos que acceden a este beneficio firman un compromiso para no seguir construyendo hacia arriba. Hasta el momento se logró el compromiso de 2.650 viviendas", explicó Guillermo Barberis, al frente de esta Unidad.
Actualmente, según números oficiales, hay 12.750 viviendas en el barrio, lo que incluye las 1.230 nuevas (que formaron parte de la relocalización de las familias que estaban ubicadas en el Bajo Autopista) y las 70 que se construyen ahora mismo en el extremo norte del barrio, sobre Ramón Castillo.
El tema de la construcción en este barrio en particular fue foco de interés en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando en 2008 los gobiernos de Nación y Ciudad se responsabilizaron mutuamente sobre el crecimiento del asentamiento. Incluso se implementó un control para evitar que ingresaran materiales para la construcción.
La historia de los controles se repitió en 2016 y 2017, cuando arrancó el proceso de urbanización y se buscó de esta manera desalentar la construcción ilegal.w