Indagan a una oficial de la PSA por espionaje contra jueces
El juez citó a indagatoria a la policía que tomó una foto de la lista de pasajeros de un vuelo que llevó a jueces, fiscales y empresarios a Lago Escondido.
El juez federal Sebastián Ramos llamó a indagatoria a una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria quien se la acusa de hacer tareas de inteligencia sobre jueces y empresarios periodísticos que en el 2022 viajaron a Lago Escondido durante el gobierno del Frente de Todos.
Se trata de María de los Angeles Pastrana Cornejo quien tomó una foto de la lista de pasajeros del vuelo privado que llevó a ese grupo a Bariloche aunque no le correspondía y se presume que la pasó al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La indagatoria será el 9 de abril y en función del resultado de su indagatoria se iría escalando hacia arriba en la PSA y el ORSNA.
En base a esa foto con la lista de pasajeros comenzó una operación de inteligencia que terminó con el hackeo de uno de los pasajeros, el ex ministro de Seguridad porteña Marcelo D’Alessandro, y el kirchnerismo usó para tratar de mejorar la situación judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner e iniciarle un juicio político a la Corte Suprema.
Además, le iniciaron un juicio a los pasajeros que contó con el apoyo del ex presidente Alberto Fernández. En diciembre de 2023, el juez Ramos anuló la causa que investigaba un viaje de jueces, exfuncionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Además, sobreseyó a todos los que estaban imputados en el expediente porque la denuncia se había basado en una prueba obtenida en forma ilegal y una operación de inteligencia que ahora desembocó en este primer llamado a indagatoria. La denuncia K violaba los derechos constitucionales de los pasajeros, quienes además fueron filmados en el aeropuerto de Bariloche y el video filtrado a medios K.
La decisión de Ramos en diciembre de 2023 fue en favor de sus colegas Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Carlos Mahiques (camarista de la Casación Federal, el máximo tribunal penal), Pablo Yadarola (juez en el penal económico) y Pablo Cayssials (del fuero en lo contencioso administrativo); también del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; D’Alessandro; del relacionista público y ex agente de la AFI Leonardo Bergoth, de Tomás Reinke de la estancia turística Lago Escondido y de los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.
Por otra parte, el fiscal federal Carlos Stornelli abrió una causa en febrero contra la PSA y pidió que se investigue a la gestión de la fuerza durante el kirchnerismo -su director fue el actual diputado K José Glinski- por presuntas tareas de inteligencia y espionaje ilegal. La denunció recayó por sorteo en el juez federal Ariel Lijo.
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo la semana pasada a La Nación + que en la Policía de Seguridad Aeroportuaria "encontré un grupo de inteligencia paralelo vinculado a (Rodolfo) Tailhade" y lo desactivó pero no dio nombres.
El diputado ultra K y ex director de Contrainteligencia está imputado en la megacausa por espionaje a jueces y fiscales que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Está imputado junto al dirigente de La Cámpora y ex subadministrador de la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez, a quien le abrirán el celular en los próximos días. En esta causa están procesados y con prisión preventiva el espía inorgánico y sargento retirado de la Policía Federal, Ariel Zanchetta, y el hacker misioneros Ezequiel Nuñes Pinheiro.
En la denuncia el fiscal Stornelli ante el juez Lijo hay más antecedentes del rol de la PSA en el gobierno del ex presidente Alberto Fernández. En una presentación, Stornelli sostuvo que la PSA "desde hace se ha dedicado, entre otras cosas, a seguimientos, intromisión en la vida privada de las personas, seguimientos fílmicos y fotográficos que lejos están de sus obligaciones específicas y más bien podrían, quizás, enmarcarse en actividades de inteligencia ilegal". Stornelli se basa en su denuncia en el rol de la fuerza en al menos tres expedientes judiciales. ■
En la PSA hay una “oficina de inteligencia vinculada a Tailhade”.