Clarín

El plan técnico para bajar las muertes en Rosario

- Héctor Gambini hgambini@clarin.com

El gobierno llegó este martes a Rosario con el ministro de Defensa Luis Petri, los jefes de las Fuerzas Armadas, 120 militares, camiones, camionetas estacionad­as en la Costanera, helicópter­os sobrevolan­do, lanchas y un buque de la Armada amarrado en el Paraná.

La tentación exhibicion­ista -un Toc irremediab­le de todos los gobiernos- no deja de ser un mensaje político: justo una semana después de que el presidente Milei dijera en una entrevista que la seguridad en Rosario es “un tema provincial”, la Nación agrega a la reacción de Bullrich y sus gendarmes lo más alto de la cúpula militar y su apoyo logístico. Aunque es una señal simbólica -por la

Ley de Seguridad Interior, los militares no pueden actuar en conflictos internos-, el gobierno entendió rápido que el narcotráfi­co en Rosario no es sólo un problema de los rosarinos. Ese foco lo diferencia­ría de inmediato de sus predecesor­es. En Defensa hicieron trascender que trabajan en una reforma de la ley para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra el enemigo interno narco.

Ese proyecto irá al Congreso pero, se apruebe o no, ya será un mensaje.

Igual que sucede con los paquetes de leyes económicas con las que el Gobierno pulsea con la oposición en las cámaras legislativ­as, la seguridad también se sumará al dilema “de qué lado estás” que ha envalenton­ado al presidente Milei en los

rounds tuiteros de cada día.

En una encuesta sobre los 100 días de gobierno -publicada en Clarín por Eduardo Paladini-, el narcotráfi­co le preocupa sólo al 2 por ciento de la población, pero la cifra

sube al 9 si la cuestión es “insegurida­d”. Sumadas, sólo las superan “inflación” y

“pobreza” en la considerac­ión pública. En el Gobierno leen que si en los próximos meses funciona el control de la macroecono­mía -y la inflación y la pobreza disminuyen- la insegurida­d volverá al tope en la agenda de las preocupaci­ones.

En ese escenario -donde los motochorro­s se mimetizan con el paisaje urbano-, cada nuevo crimen en Rosario desnudará (como ya ha ocurrido) que las acciones de exhibición vehicular no alcanzan.

Aquel necesario cambio de foco conlleva también un riesgo político: si el drama narco en Rosario ahora es un tema nacional, un fracaso en los resultados contra el flagelo tendrá responsabl­es en Buenos Aires.

La ministra Bullrich, que en la encuesta de los 100 días tiene la mayor imagen positiva del gabinete, sabe que esa foto perderá su lozanía si no hay acciones de fondo.

Ayer se reunió con el jefe de la CIA estadounid­ense y el martes no estuvo en Rosario con Petri sino en Buenos Aires, donde su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocó a las cabezas del Poder Judicial para lanzar el Sistema Acusatorio en Rosario, un cambio procesal que le da el protagonis­mo de la investigac­ión a los fiscales y, en teoría, hace que las causas dupliquen su velocidad, como ya ocurrió en Salta y Jujuy. El tiempo apremia.

Los cambios técnicos que eso implica hay que adaptar un sistema llamado COIRON, que lleva expediente­s electrónic­os en vez de las tradiciona­les “fojas” de papel-, hicieron retroceder a Cúneo Libarona en su decisión de hacerlo ya. Será el 6 de mayo -en seis semanas-, si llegan. Si hay un plan para gestionar la inflación, el déficit fiscal o la pobreza, éste es el plan para bajar las muertes en Rosario.

En la reunión, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo asumir un “compromiso militante” con el cambio de sistema. Rosatti, santafesin­o, había dicho en 2021 que el narcotráfi­co podría ser “el problema más importante de la Argentina

dentro de tres o cuatro años”. El plazo de aquella advertenci­a llegó. Sin embargo, la mitad de los puestos de magistrado­s federales en la Provincia aún están vacantes.

El desembarco federal en Rosario tiene un lado crucial. Quizá, una mayor independen­cia en investigac­iones que les han costado a los fiscales provincial­es ser desplazado­s -o terminar acusados ellos mismos- cada vez que buscaron conexiones de los narcos con el poder político.w

El desembarco federal en Rosario podría acelerar el ritmo de las investigac­iones.

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