La Corte, con decisiones clave en las que el Presidente busca influir
Coparticipación, el mega DNU y los juicios por corrupción que definen el futuro de Cristina Kirchner, forman parte de un menú de alto voltaje.
El presidente Javier Milei quiere modificar la actual Corte Suprema. No sólo busca cubrir el cargo que dejó Helena Higthon de Nolasco, sino que pese a no haberse producido aún la vacante, ya eligió a alguien que reemplace a Juan Carlos Maqueda, el juez que en diciembre cumplirá 75 años. En sus manos los cortesanos tienen decisiones clave para el actual gobierno.
Cuando se consulta en los pasillos del Palacio sobre la posibilidad de que la conformación de la Corte se modifique, es decir, se amplíe como pretendió hacerlo sin éxito, el gobierno de Alberto Fernández, las respuestas son con números.
También, algunos mensajes trascienden: “El único antídoto que tiene la Corte para que nadie con un tipo de autoridad se meta, es no meternos, respetar la división de poderes”. Y así dan por zanjado el debate sobre los candidatos del Poder Ejecutivo para que lleguen al Palacio de calle Talcahuano.
En 2023, con el juicio político de por medio, iniciado por el kirchnerismo en el ámbito del Congreso, “se sacaron diez mil fallos”. El primer mensaje interpuesto es: “Se puede funcionar con cuatro miembros y en los escenarios más adversos”, explicó una fuente judicial a Clarín. Se buscaba evitar la situación actual: una modificación en su integración y que comience la política a negociar esos cargos.
En la actualidad, aún hay radicadas en la Corte 18.000 causas individuales, muchas de esas son miradas con atención por la política.
En medio de la discusión sobre los dos candidatos elegidos por el presidente Milei para que integren el máximo tribunal, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la actual conformación tiene casos clave para el gobierno de La Libertad Avanza, como también resoluciones sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner, hasta el reclamo de Jorge Macri, jefe de la Ciudad de Buenos Aires, por los fondos de la Coparticipación. Un dato no es menor: antes de octubre la Corte renovará la presidencia que hoy ejercer Horacio Rosatti.
Hasta tanto se inicie el debate en el Senado, donde el gobierno deberá obtener una mayoría especial (dos tercios del cuerpo deliberativo) para conseguir la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, la Corte debe pronunciarse sobre un extenso listado de casos sensibles para la dirigencia política.
Después de que el Procurador General interino, Eduardo Casal, opinó que el ámbito de competencia es la Corte, los jueces deben analizar el pedido de inconstitucionalidad de la provincia de La Rioja sobre el mega DNU. Un mensaje es reiterado: “La política debe resolver la discusión en el ámbito del Congreso”, como señaló una fuente judicial sobre este tema.
No es el único planteo al respecto. Sobre recortes aplicados a la Coparticipación Federal, conviven reclamos de las provincias de Buenos Aires, CABA, La Rioja, Misiones y La Pampa. A través de demandas individuales piden que el máximo tribunal obligue a Javier Milei a restituir fondos.
Pero la administración de La Libertad Avanza, también acudió a la Corte, pidió que sea ese el ámbito donde se dirima la discusión con la provincia de Chubut que obtuvo un fallo favorable en la justicia federal que exige que el Gobierno central deje de retener fondos en concepto de una deuda adquirida por la provincia durante la anterior gestión.
Además de los temas que inquietan al Gobierno, porque en juego hay sumas millonarias, los cortesanos deben resolver sobre cinco juicios que pesan sobre Cristina Kirchner: Pacto con Irán (la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman), Los Sauces - Hotesur (las empresas familiares investigadas por lavado de dinero), y Dólar Futuro. ■