El Gobierno manda al Congreso una ley antimafia y otras para proteger a policías
El paquete de proyectos fue presentado por los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. Incluye, también, el registro de ADN para violadores y la reincidencia.
El Gobierno anunció que enviará la próxima semana una batería de 5 proyectos en materia de Seguridad y Defensa y la modificación de la Ley de Seguridad Interior, que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar en casos catalogados como terrorismo y narcoterrorismo. Dentro de los primeros se cuentan una ley antimafia, la figura de la reincidencia, la extensión de un registro de ADN e iniciativas para penar los bloqueos a empresas, piquetes y ampliaciones de la legítima defensa y del uso de las armas de fuego para los policías.
Los proyectos se presentarán entre “el martes y el miércoles” de la semana que viene, según especificó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada de comunicar en una conferencia de prensa en Casa Rosada la iniciativa en compañía de su par de Defensa, Luis Petri.
La flamante ex presidenta del PRO había adelantado el envío del proyecto la semana pasada tras la ola de 4 asesinatos en Rosario que, para las autoridades provinciales y nacionales, significó una represalia de las bandas de narcotraficantes por los mayores controles en las cárceles.
“(Fue) una instrucción precisa del Presidente”, definió la ministra de Seguridad a propósito del paquete de leyes. La ley vigente de Seguridad Interior (24.059), sancionada hace 33 años, limitaba a tareas logísticas de apoyo la participación de las FF.AA. “A partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las FF.AA. van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia ”, precisó Petri (Ver página 15).
Bullrich además anunció el envío de una ley antimafia -inspirada en la ley RICO de los Estados Unidospara combatir a los clanes. La comparó incluso con la que implementó Bukele en El Salvador contras las maras.
El proyecto prevé el mismo marco legal para una gran cantidad de delitos como "tráfico de drogas, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, extorsión, trata de personas, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos". En esos casos, se establecerían siempre las penas para los delitos más graves cometidos por la organización para cualquiera de sus integrantes independientemente de su responsabilidad dentro de la organización; si no se determinara un delito más grave, la pena mínima será de 8 a 12 años de cárcel y el juez deberá establecer la extinción de dominio.
Además se ampliará el registro de ADN, que hasta ahora solo involucraba a los condenados por delitos sexuales, a todos los imputados cualquier delito gracias al sistema CODIS que el FBI cedió al Estado nacional. “Todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas que se van a obtener a partir del momento en que entren a un establecimiento penitenciario, a una comisaría o a algún lugar donde mantienen su detención”, apuntó Bullrich.
Por otra parte, se incluirá un proyecto para incorporar la figura del “reiterante”, que ya se utiliza en Mendoza, por una ley que impulsó el ahora ministro de Defensa, y que permitirá encarcelar a quienes sean aprehendidos por cometer dos veces el mismo delito. “Reiterás el delito y vas preso. Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos cuando el primero por ahí tarda seis meses, seis años, la condena”, expresó Bullrich. Las penas por delitos independientes se sumarían, además, de manera aritmética por un máximo de 50 años.
El proyecto incluirá la reforma del artículo 34 del Código Penal que refiere a la Legítima defensa y cumplimiento del deber, cuyo marco se ampliará “significativamente”. Se tendrán en cuenta muchos elementos que antes no incluían como atenuantes, como la “diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o número de agresores”. La modificación contemplará además el caso de quien dispara mientras se va alejando del que se defiende y se impediría legalmente que quien comete un delito querelle al Estado o a la fuerza de seguridad. El impedimiento correría para los parientes del delincuente, si éste muriera producto de la acción policial. Además se buscará modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal para aumentar las penas para quien intimadara o atacara a un funcionario público -incluidas las fuerzas de seguridadcon penas de cumplimiento efectivo de 4 a 6 años.