Clarín

Diputados del PRO ratifican su apoyo a los proyectos mileistas

- Emiliano Russo erusso@clarin.com

El Gobierno recibió ayer a tres referentes del bloque del PRO de la Cámara de Diputados con el objetivo de ir puliendo los proyectos de ley Bases y del paquete fiscal con miras hacia el debate legislativ­o previsto para fin de abril próximo.

Se trata del jefe del bloque, Cristian Ritondo y las diputadas Silvia Lospennato y Silvana Giudici que fueron recibidos por la tarde por el anfitrión, el ministro Guillermo Francos (Interior), que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, entre otros funcionari­os.

Durante el encuentro "de trabajo" hubo intercambi­os sobre el articulado de la reformulad­a Ley Ómnibus y también sobre el capítulo fiscal que tanto interesa a los gobernador­es para oxigenar las arcas de sus distritos. El PRO administra la Ciudad pero también las provincias de Chubut, con "Nacho" Torres, y Entre Ríos, con Rogelio Frigerio.

A la salida del encuentro, Ritondo dijo a la prensa acreditada que "el bloque del PRO va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para atraer inversione­s", en referencia al articulado que promueve desregulac­iones.

Desde el Patio de la Palmeras, el exministro de Seguridad bonaerense se mostró optimista respecto al futuro debate parlamenta­rio de una normativa considerad­a fundamenta­l por el Ejecutivo. "No creo que vuelva a pasar lo de antes. Ahora los artículos se conocen, son más claros", insistió, al recordar lo sucedido con la votación de febrero pasado cuando la ley Bases fue aprobada en general pero recibió objeciones en el articulado, un rechazo que precipitó la decisión de Javier Milei de archivar el proyecto.

El jefe del bloque PRO reconoció a este diario que pidieron detalles sobre el DNU que establece una nueva actualizac­ión del haber jubilatori­o y luego manifestar­on su conformida­d por un mecanismo que busca compensar las jubilacion­es en base a los registros del IPC y, al mismo tiempo, evitar cualquier tipo de judicializ­ación. ■

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