Aval del procurador al reclamo de Kicillof por la quita de fondos
La Procuración General de la Nación, sostuvo en un dictamen que la Corte Suprema debe atender el reclamo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien acudió al máximo tribunal ante la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia (FOFOFI).
La provincia de Buenos Aires reclama al gobierno de Javier Milei una cifra cercana a los 80 mil millones de pesos por el recorte del
Fondo de Fortalecimiento Fiscal.
El Tribunal originario para intervenir en esta demanda de la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, "es la Corte Suprema" según opinó la procuradora general adjunta Laura Monti.
Al igual que otros gobernadores, Kicillof acudió a la Corte Suprema como instancia natural para reclamar por la medida adoptada por el Poder Ejecutivo sobre parte de los fondos coparticipables.
El reclamo central de la gobernación bonaerense es la declaración de inconstitucionalidad del decredatario to 192/24 que derogó el fondo conocido como FOFOFI. Al adherir al Régimen de Coparticipación "la Provincia de Buenos Aires perdió más de seis puntos de coparticipación respecto de lo que percibía en ese momento", indica la demanda.
A la hora de fundamentar el reclamo que llegó a la Corte, el manlos provincial sostuvo que dicho programa de financiamiento, tenía como finalidad “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de esa jurisdicción local”.
Al analizar el reclamo sobre el cual se pidió la opinión de la Procuración General de la Nación, la adjunta Laura Monti, opinó que frente al reclamo de la Provincia, “a quien le concierne la competencia originaria de la Corte”, al entender que es una demanda contra el Estado Nacional y que la única forma de “conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.
La demanda formulada por la administración bonaerense explícita que se requiere el desembolso del 1,18% de la recaudación de diciembre
El reclamo es contra el recorte de Milei a un fondo especial.
2023, “que debió transferirse en enero de 2024, por 33.676.934.796 pesos y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por la suma de 43.959.428.629 pesos”.
De allí las cuentas que realiza el gobierno de Kicillof asciende a unos 80 mil millones de pesos.
Frente al reclamo y pedido de inconstitucionalidad de una decisión adoptada por el Estado central, es que la Procuración entendió que por tratarse de un conflicto entre una provincia y el Ejecutivo Nacional, es la Corte la única que debe intervenir y dirimir el conflicto.
El criterio expresado por la procuradora general adjunta no dista del que expresó Eduardo Casal sobre el planteo de otros distritos, pese a ello, la decisión de la Procuración no es vinculante.