El oficialismo apunta a votar en 3 semanas la nueva Ley Ómnibus
El proyecto aún no se envió a Diputados; pero la Rosada quiere que cuando ingrese esté lo más acordado posible.
El oficialismo apura los últimos detalles para arrancar con el tratamiento de la remozada Ley Bases y ya definió un cronograma tentativo, bastante ambicioso, que se cierra con el debate en el recinto de Diputados el 17 de abril. Luego la propuesta, si es aprobada, pasará al Senado para que sea discutida durante mayo y tener la normativa sancionada para el 25 de ese mes cuando se prevé la firma del pacto con las provincias.
Entre los libertarios admiten que los plazos pueden ser flexibles, pero la intención del Gobierno es que la nueva versión de la ley ómnibus tenga la media sanción antes de fines de abril. Para eso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, buscan cerrar los acuerdos primero con los distintos bloques dialoguistas de Diputados y luego ya entrar en la negociación fina con los gobernadores.
"Esta vez, la idea es que el proyecto ingrese lo más acordado posible justamente para evitar estirar el debate en las comisiones", puntualizó un importante operador de La Libertad Avanza, que admitió que es difícil que se pueda llegar al recinto el 17 de abril.
Por lo pronto, en el bloque que comanda Oscar Zago estiman que el proyecto de la Ley Bases II ingresará entre el 3 y 4 de abril, después de Semana Santa y del feriado por Malvinas. Y a partir de allí se abre otro capítulo de discusión entre el oficialismo y la oposición que estará centrado en el giro a comisiones que se le dará a la propuesta del Gobierno.
Desde el bloque de PRO, que encabeza Cristian Ritondo, indicaron que de la reunión mantenida con el Gobierno este lunes se acordó que la propuesta sea debatida en un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, todas presididas por representantes de LLA.
Sin embargo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, tiene previsto avanzar la próxima semana en la conformación de otras 15 comisiones para así dejar abierta la posibilidad de convocar a otros plenarios, en caso de ser necesario.
Espert se negó a hacer un plenario por la movilidad jubilatoria
Tanto el oficialismo como los dialoguistas más cercanos al Gobierno ven que la discusión por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria se dará por fuera de la ley ómnibus, ya que se mantienen las diferencias en los porcentajes y eso podría trabar el tratamiento del proyecto que enviará el Ejecutivo.
Tal como informó Clarín, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal cuestionaron el DNU de Javier Milei que prolonga la vigencia de la fórmula de movilidad jubilatoria actual hasta junio, aunque avalaron que la actualización sea por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
El radicalismo y el bloque que preside Miguel Angel Pichetto ratificaron sus diferencias con el porcentaje de compensación por la caída del poder adquisitivo de los primeros meses del año tras la devaluación. En el borrador del proyecto, el Gobierno ofrecía un 10%, aunque terminó dando 12,5% por DNU. El problema es que la oposición reclama un 20,6 %.
Esta diferencia podría complicar las negociaciones y, por eso, en La Libertad Avanza piden que quede fuera de la ley ómnibus. De esta manera, la discusión quedaría centrada en la comisión de Previsión y Seguridad Social, que se reunirá la próxima semana, el 4 de abril, en una reunión informativa con funcionarios de la ANSeS y el Ministerio de Economía.
Si la comisión logra emitir despacho, la propuesta dictaminada deberá ser analizada por Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, quien se negó a hacer un plenario de comisiones para avanzar en conjunto y definir la nueva fórmula de movilidad en las primeras semanas de abril.
Pero en la bancada oficialista advierten que la definición puede salir de la negociación que en los próximos días tratarán de cerrar el Gobierno y los gobernadores. Otro tema que estará atado a lo que acuerde el Ejecutivo y las provincias es la restitución del Impuesto a las Ganancias, medida que es rechazada por las provincias patagónicas. Los dialoguistas quieren elevar el piso, ya que con el esquema que propone el Gobierno un asalariado comenzaría a tributar desde un sueldo neto de $ 1.053.292 por mes. A esto se agrega la intención de Milei de insistir con el capítulo de la reforma laboral que se incluyó en el DNU 70/23, que fue frenado por la justicia y está pendiente de lo que resuelva la Corte.