Atlántico Sur: ¡prohibido pescar!
Afines de febrero, la oficina de la Comisionada de las Islas Georgias y Sandwich del Sur anunció la ampliación de las áreas de exclusión y restricción pesquera que rodean a las islas. A partir de entonces, hay casi 450.000 kilómetros cuadrados de superficie en los que la pesca está prohibida o restringida.
La respuesta del Gobierno argentino fue inmediata. Sea porque se trata de una de las (pocas) políticas permanentes del país; para evitar que la oposición se apropie del tema; en respuesta a la visita del canciller británico a las Malvinas o por alguna combinación de esas y otras causas, tanto las autoridades nacionales como las de varias provincias -y muy especialmente las de Tierra del Fuegoseñalaron que la decisión era inaceptable; que desconoce la soberanía argentina y que establece normas que le corresponden la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos; un acuerdo internacional orientado a la preservación de la fauna y la flora del mar Austral y del que forman parte cerca de cuarenta países.
Es probable que, en adelante, los reclamos vinculados a esta medida se sumen a los otros que, con regularidad, la Argentina presenta en distintos foros. Y tal vez, eso sea lo que corresponda; pero no estaría mal que, además, intentáramos comprender un poco mejor cuáles son los objetivos que persigue la medida.
El programa de protección de áreas marinas alrededor de las Georgias y Sandwich del Sur tiene una larga historia, y está orientado a establecer un equilibrio entre un programa sostenible de capturas pesqueras y uno que conserve, tanto como sea posible, la salud del ecosistema. Y si se lograra, al menos por un momento, dejar de lado los aspectos estrictamente vinculados con la disputa de soberanía, la medida tomada en febrero debe ser considerada en relación con esos objetivos.
En líneas generales, los 166.000 kilómetros cuadrados que se han agregado al área de exclusión pesquera están conformados por extensiones de las fosas y áreas pelágicas situadas entre las Georgias y el norte de las Sandwich; las aguas relativamente poco profundas situadas al sur de las Sandwich, y las aguas, también relativamente poco profundas, que rodean a los islotes Clerke y a las rocas e islas Aurora.
Y los objetivos -otra vez, en líneas generalesapuntan a mejorar las condiciones de las áreas de cría y alimentación de varias especies de peces, pingüinos, cormoranes petreles, albatros y los distintos grupos que constituyen la comunidad que depende del krill.
La ampliación agrega una serie de corredores, y transforma lo que hasta ahora era un conjunto de áreas protegidas independientes en un área mayor, que abarca más de un tercio de la superficie marítima adyacente a los dos archipiélagos y que, tanto desde el punto de vista natural como del control, funciona de manera unificada.
El programa parece ajustado a las buenas prácticas, tanto de la conservación como del manejo de una pesquería. Y por mucho que nos disguste que no haya podido ser ni diseñado ni llevado a la práctica por las autoridades argentinas, haríamos bien en reconocerle sus méritos. Quizás sea inevitable que las primeras reacciones sean airadas, y que nos cueste reconocerle alguna virtud a cualquier iniciativa lanzada por el gobierno local de las Malvinas.
Pero los caminos de la historia son largos, y los de la naturaleza, más largos todavía, y sería bueno que, superado el primer impulso de rechazo, pensemos si no hay planes similares que están a nuestro alcance; tal vez no en las aguas adyacentes a las islas, pero sí en las enormes extensiones del Atlántico Sur próximas a la Patagonia y en buena parte del mar Austral.
Llevamos mucho tiempo enfrentando los mismos problemas: la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada de la milla 201 (y las que le siguen), las fallas en los sistemas de trazabilidad y control de las capturas realizadas en la plataforma, la poca integración -y en muchos casos las tensionesentre los investigadores científicos, los funcionarios y los empresarios pesqueros y una enorme dificultad para integrar, no solo en la pesca sino en muchísimos ámbitos, los programas de conservación del ambiente y las actividades productivas. Y la indignación no parece ser el instrumento más adecuado para resolverlos.
La Argentina incluye unos de los litorales marítimos más amplios y ricos del mundo y es uno de los muy pocos países que tienen costas sobre el mar Austral. Y, al menos en términos objetivos, parecería tener todas las condiciones para ofrecer no solo la base de una actividad pesquera de importancia, sino también para liderar algún tipo de iniciativa o coalición apuntada a mejorar la calidad de los procesos empleados y los productos obtenidos en el mar.
Pero, en lugar de ocuparnos de eso, cuando le prestamos atención al mar, lo más frecuente es que sea para protestar.
Podemos condenar la decisión acerca del manejo de la pesquería de Georgias, y para el caso, podemos condenar todas las decisiones del gobierno de las Malvinas.
Pero si, de verdad, queremos que el Atlántico Sur sea un espacio que los argentinos sintamos como propio y que el mar y sus recursos sean, además de todo, un instrumento más para el bienestar y el desarrollo, la condena no basta. De hecho, es posible que ni siquiera constituya el mejor primer paso.w