En el Consejo de la Magistratura hay 270 denuncias “cajoneadas”
El organismo es el encargado de evaluar, sancionar y remover a los magistrados nacionales y federales por mal desempeño. Pero muy pocos casos avanzan.
Sólo en la Comsión de Disciplina hay 252 denuncias abiertas
Entre las funciones del Consejo de la Magistratura de la Nación hay una de particular relevancia institucional: la investigación de jueces y juezas. Mientras los magistrados son los responsables de determinar, en el marco de una causa, si se cometió o no un delito, la pregunta que surge es ¿quién los investiga a ellos cuando son denunciados? A la fecha hay unas 300 presentaciones realizadas contra jueces de diversos fueros que, pese a contar en promedio con más de tres años desde su radicación, poco avanzaron.
El organismo que designa a los jueces también tiene la responsabilidad de investigarlos cuando son denunciados. Hay dos comisiones que toma los casos, según la gravedad de los hechos que bajo el grado de sospecha se le atribuyen a los magistrados. La Comisión de Disciplina, cuando analiza aplicar una sanción, y la de Acusación, que aborda los expedientes más complejos.
Según la última actualización estadística, del 20 de febrero, en la Comisión de Disciplina hay 252 denuncias radicadas. 40 de ellas apuntan a funcionarios judiciales de Comodoro Py, el lugar donde se investiga la corrupción de funcionarios nacionales.
El candidato de Javier Milei para la Corte Suprema, Ariel Lijo, acumula allí cuatro denuncias radicadas el año pasado: el 3 de agosto, el 29 del mismo mes, el 4 de octubre y el 11 de diciembre. Sin tener en cuenta otra gran cantidad de presentaciones en su contra que por no recibir ningún tipo de tratamiento, perdieron vigencia y debieron ser archivadas.
Según la ley del Consejo de la Magistratura, un expediente caduca si a los tres años de una denuncia el plenario no emite ninguna resolución. Más de 40 denuncias durante 2023 vencieron.
También fue denunciado el año pasado Daniel Rafecas, el juez federal que Alberto Fernández había elegido como candidato para asumir frente a la Procuración General de la Nación cuyo pliego nunca se trató, y la jueza responsable de investigar el atentado contra la ex vicepresidenta, María Eugenia Capuchetti. Esa presentación ya tiene dos años, en los cuales no tuvo ninguna actuación.
En los pocos casos en que las denuncias avanzan, se arma una comisión de acusación donde se analiza y se da tratamiento a las presentaciones. Además de sanciones económicas o suspensiones temporarias, el Consejo puede investigar las denuncias y convocar a un jury de enjuiciamiento contra un juez, que puede destituirlo por mal desempeño.
La lista de denunciados también incluye al juez vinculado al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla
fue denunciado en seis ocasiones entre 2022 y 2023. La mayoría de esas presentaciones se acumularon para brindar celeridad. Es decir, como ya había un procesos abiertos, se dirigieron a ese expediente las demás acusaciones.
Algunos de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal también fueron denunciados. El juez Mariano Borisnky cuenta con seis denuncias: la mayoría ya tienen tres años. Otros camaristas como Gustavo Hornos, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani también fueron denunciados hace más de dos años y medio en algunos casos.
En la otra comisión receptora de denuncias contra magistrados, la de Acusación, hay 18 causas. Sólo cinco de ellas fueron radicadas el año pasado, y las demás tienen un promedio de dos años desde su presentación.
Entre los denunciados están la jueza Sandra Arroyo Salgado, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
Al respecto de estos procesos, la consejera Adriana Reyes señaló a Clarín, que es necesario una “modificación inmediata del Reglamento de Acusación y Disciplina, como también la digitalización de todo el proceso desde el ingreso de la denuncia, para facilitar el control de los expedientes”.
En el ministerio de Justicia la meta es que “no se archiven las denuncias por plazos cumplidos sin ningún tratamiento”, ya que “los procesos de investigación sobre el accionar de los jueces deben tener el tratamiento que corresponde”. ■