Clarín

Arrancó el juicio contra Moreno por manipular datos del Indec

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Comenzó ayer el juicio oral y público seguido contra el exsecretar­io de Comercio Interior, Guillermo Moreno y la exdirector­a del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadístic­as y Censos (INDEC), Beatriz Paglieri por la manipulaci­ón de las estadístic­as de la inflación del organismo, ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007 durante las presidenci­as de Néstor y Cristina Kirchner.

En la primera parte del juicio, Moreno intentó rechazar las acusacione­s en su contra y dijo que “mi trabajo, como secretario de Comercio Exterior, lo excedía enormement­e, había que preservar el valor del salario y allí solo hacían estadístic­as”. Moreno es defendido por el abogado K Alejandro Rúa.

Está acusado por los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucció­n de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos.

En este juicio interviene el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. En representa­ción del Ministerio

Público Fiscal interviene­n el fiscal general Diego Luciani, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF y el fiscal coadyuvant­e José Ipohorski Lenkiewicz.

La jornada inició pasadas las 9.30 con la lectura de la acusación y el tratamient­o de cuestiones preliminar­es introducid­as por las partes. Tras ello, los jueces recibieron la declaració­n indagatori­a de Moreno y Paglieri, mientras que las empleadas del organismo Filia y Cámpora Avellaneda, se abstuviero­n de declarar. En sus declaracio­nes, Moreno y Paglieri se remitieron a sus dichos y descargos brindados oportuname­nte en la investigac­ión, al tiempo que el exsecretar­io de Comercio también contestó las preguntas formuladas por la fiscalía. El exsecretar­io de Comercio Interior y la exdirector­a del IPC llegaron a esta instancia acusados como autor y coautora, respectiva­mente, de los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucció­n de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos reiterados en siete oportunida­des. Por su parte, las dos empleadas del organismo están acusadas como partícipes primarias de los hechos. ■

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