Duro informe de ONGs sobre la represión de Bukele
Representantes de seis organizaciones de Derechos Humanos en El Salvador reclamaron el fin del estado de excepción decretado por el gobierno de Nayib Bukele y vigente desde hace más de dos años.
Según un documento difundido por esas ONGs, el pedido se basa en más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos y en las más de 240 muertes registradas en las cárceles desde el 27 de marzo de 2022, fecha de inicio del régimen de emergencia, hasta hoy.
El documento -elaborado por las ONGs Cristosal, Servicio Social Pasionista, el Instituto por los Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana; Red Salvadoreña de Defensores de los Derechos Humanos, Amate y Fundación Estudios para la Aplicación de los Derechosresalta los peligros inherentes en esta política centrada en la represión.
Se subraya incluso que el régimen de excepción también puede utilizarse para criminalizar el trabajo de activistas de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios. El trabajo también destaca el peligro de “criminalización” de los jóvenes, teniendo en cuenta que más del 50% de las detenciones realizadas se refieren a personas entre 19 y 30 años y que 203 de ellas se refieren a adolescentes entre 13 y 18 años.
Actualmente, informan las ONGs, en El Salvador hay 1.728 personas detenidas por cada 100.000 habitantes, “la tasa de personas privadas de libertad más alta del mundo”.
La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
El gobierno del presidente Bukele consiguió que el Congreso aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención. Además, el plazo de detención sin pasar a disposición judicial se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.