Devoto: promesas inconclusas para la cárcel que nadie quiere
Tiene 1.900 internos. Iban a trasladarla a Marcos Paz pero la obra allá quedó paralizada. Los planes, en medio de la crisis de comisarías superpobladas.
En Devoto hay una cárcel y tiene 1.900 presos, 6 unidades, una sede de la UBA y un problema: nadie la quiere ahí. El proyecto de mudarla lleva años, tantos que se convirtió en una suerte de cuento de la buena pipa para los vecinos y para los presos.
En 2018, cuando Mauricio Macri era presidente, un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, formalizó un proyecto inconcluso: construir una nueva cárcel para mudarla.
Dos años después licitaron y empezó la construcción de una unidad en el penal de Marcos Paz, con capacidad para 2.200 personas. Pero la pandemia y las disputas políticas tiraron por borda el proyecto. Nación puso el dinero y la obra llegó a un 70% de ejecución. La Ciudad no puso lo suyo. La excusa fue la quita de un punto de la coparticipación que Nación sacó a los porteños.
El predio quedó abandonado. Un pedido de informes realizado por el juez Sebastián Casanello y ejecutado por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) describió "material inutilizable, pastos crecidos y problemas estructurarles" .
Hay otro problema: las comisarías porteñas tienen una superpoblación del 200%, en alcaidías y dependencias que no cuentan con las condiciones para alojar pesos. De los 1.900 privados de su libertad, 400 tienen condena firme y deberían ser trasladados a penales bajo custodia del SPF. Según refieren en el Gobierno porteño, son custodiados por 1.500 Policías de la Ciudad "que deberían estar cumpliendo otras funciones".
Si bien en la la flamante subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, aseguran que "hay voluntad política" para finalizar la obra, dependerá de la Ciudad. "Hasta el momento, se está terminando de definir cuál va a ser el presupuesto. Se estima que será de unos 65 millones de dólares", indicaron, aunque todavía no está claro si ese costo está previsto en las partidas 2024.
A pesar de que la Ciudad pueda disponer de estas partidas, la custodia de los presos y los costos de mantenimiento corresponde al Gobierno Nacional, que por decisión del presidente Javier Milei le sacó la gestión al Ministerio de Justicia y se las traspasó a Patricia Bullrich.
Mientras estos dos ministerios se disputan partidas presupuestarias, pensar en mudar Devoto parece un objetivo demasiado lejano y la respuesta no está unificada.
Además, siguen sin resolverse el conflicto entre Nación y Ciudad por el pago de la coparticipación que ordenó la Corte Suprema durante el gobierno de Alberto Fernández. El ex mandatario nunca cumplió con el fallo. Y Javier Milei tampoco lo hizo, aunque se sabe que hay conversaciones entre ambas administraciones.
Los más optimistas creen que durante esta gestión se pueden finalizar las obras de Marcos Paz, a pesar de las deficiencias de infraestructura en muchos penales, las obras pendientes en Coronda, Santa Fé, y en Mercedes.
Otras voces a cargo de la política criminal se preguntan "¿cómo vamos a cerrar Devoto si tenemos las comisarías sobrepobladas?" Es que, tal como confirmaron en el Gobierno de la Ciudad, "la finalización del predio de Marcos Paz no soluciona el problema de los presos porteños".
Y aseguraron que "la cantidad de presos detenidos en comisarías o alcaidías de la Ciudad que no están preparadas para alojarlos sigue aumentando". Agregaron: "El sistema es federal y es la autoridad nacional quien debe trasladar esos presos. A la fecha, el Gobierno Nacional se comprometió a ir solucionando estos traslados, que esperemos ocurra pronto".
Pero si los presos a trasladar son 1.900, y se duplicó el ritmo de detenciones en la Ciudad y hay otros 2.000 a la espera de un cupo, aún terminando la unidad VI de Marcos Paz el déficit no parece cerca de resolverse.
La indefinición fue perjudicando la situación edilicia del penal. En paralelo, un amparo colectivo terminó en un fallo del juez Daniel Rafecas que limita los traslados para evitar que la superpoblación.
Casanello realizó otro hábeas corpus por la situación de los detenidos en la División Investigación Penal de la Prefectura Naval Argentina (INPE). Resolvió restringir los cupos y ordenar que sean trasladados a penales federales, pidió informes y "un plan de finalización de las obras", y dispuso un plazo de 20 días para que se reactiven las paralizadas en 2020. Fue en julio y no se ha cumplido ni por el Poder Ejecutivo Nacional de la gestión anterior ni de esta, ni por el Gobierno de la Ciudad.
El hábeas corpus incluía a los penales en construcción y con obras demoradas. Finalmente la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa quede en manos de la justicia de instrucción.w
Las comisarías porteñas tienen 200% de superpoblación.