Vialidad: rechazan un recurso de Cristina para llegar a la Corte
día después de que le fuera rechazado el pedido para citar como testigo en su favor al actual Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, la exvicepresidenta Cristina Kirchner recibió otra mala noticia desde el tribunal que está revisando su condena a seis años de prisión en el caso Vialidad.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que había rechazado sus recusaciones a uno de los jueces de ese tribunal, Diego Barroetaveña y al fiscal ante la Cámara, Mario Villar, ahora negó a la exvice el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, a la que sólo podrá acudir “en queja”. Se trata de la enésima maniobra dilatoria de la defensa de Cristina, para retrasar lo más posible la muy probable ratificación de la sentencia en su contra, con una pena de prisión que a su vez puede agravarse.
La Sala, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó el intento de la defensa de Cristina mediante el cual pretendía que la Corte revise la recusación que había presentado contra el juez Barroetaveña el fiscal Villar, quien había solicitado que se confirme su condena por fraude a la Administración Pública y se eleve la pena a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita, por el que había sido absuelta.
En el marco de la causa Vialidad, la Casación Federal debe resolver acerca de recursos de las defensas contra las condenas a la exvicepresdenta de la Nación, Lázaro Báez y José López entre otros funcionarios, y el recurso del fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2, Diego Luciani –que luego mantuvo el fiscal de casación Villar- contra la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.
El jueves terminaron las audiencias en las que expusieron todos los condenados que apelaron y también el representante del Ministerio Público Fiscal.
La exvicepresdienta intentó que el Procurador Barra sea citado por la Casación, cuyos jueces rechazaron la pretensión pero admitieron incorporar el dictamen jurídico que el actual funcionario de Javier Milei firmó a su pedido, en el que considera que no tuvo responsabilidades sobre los delitos que hayan cometido sus funcionarios.
En ese “dictamen experto legal”, Barra considera que la Dirección Nacional de Vialidad -organismo al través del cual se licitaban los contratos y se derivaban los pagos a Lázaro Báez por obras que no terminaba o ni siquiera hacía- “es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente”, y concluye que “no hay responsabilidad penal objetiva del Presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras”, ya que “el Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión, respaldando la legalidad”.
Por eso, el actual funcionario de Milei cree que “el Presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso, ya que es ajeno a la administración general, función a cargo del Jefe de Gabinete”.
Los camaristas evaluarán si tiene razón o no. ■