Las pruebas que encontró el juez y que complicaron a los funcionarios de Milei en Nación Seguros
Tras los allanamientos, el Gobierno desplazó a dos gerentes de la entidad. Los raros movimientos de cajas en un garaje. Algunos vínculos sospechosos.
La trama de los seguros suma piezas. Un gran rompecabezas que aumenta en nombres, cooperativas, coaseguradoras, vehículos de alta gama, cajas intercambiadas en un garaje. Algunas de las pistas que sigue la justicia federal en la causa que le significó a Alberto Fernández dos imputaciones por presuntos hechos de corrupción. Se investiga una presunta administración fraudulenta. Se estima que la obligación de contratar desde los organismos de la Administración Pública a Nación Seguros SA y ésta, a su vez, a intermediarios, representó una pérdida millonaria para el Estado.
La justicia federal busca desentrañar lo que en el dictamen acusador se planteó como una presunta “organización delictiva operando en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández”. En especial, la investigación hace foco en la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros. Todo esto se materializó gracias al Decreto N° 823/2021 dictado por Fernández.
Esa cuestionada normativa, obligó a la contratación de Nación Seguros por parte de todas las entidades de la Administración Pública, pero además, incluyó la intermediación de empresas coaseguradoras.
Después de requerir documentación a Nación Seguros SA, de allanar a las aseguradoras involucradas y de analizar los contratos, pólizas, designaciones de intermediarios y demás documentación respaldatoria, el juez Julián Ercolini estableció un circuito con datos por demás llamativos.
“Circunstancias irregulares” explicó el magistrado, ocurrieron alrededor de una orden de presentación que firmó el juzgado para que la empresa San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA entregue documentación.
La importancia de esa sociedad radica en su intermediación junto a la firma TG Broker SA en los seguros que contrataba Nación Seguros SA por parte de la ANSES. Fue justamente, desde el organismo de la Seguridad Social desde donde se destapó la olla que le valió a Alberto Fernández dos imputaciones por presuntos hechos de corrupción.
La maniobra bajo investigación tiene una ventana temporal: 2020 y 2024, toda la gestión del gobierno del Frente de Todos. Resulta que ANSES ocupa el segundo lugar entre los entes públicos en el listado por sumas de dinero abonadas en comisiones a intermediarios, a la vez que San Ignacio Sociedad de Productores y TG Broker, “se encuentran en el cuarto y quinto puesto entre los productores que mayores comisiones percibieron”.
Durante este período de investigación, se detectaron vínculos entre un grupo de personas. Brian Kelly y Hernán Bressi, figuran como presidente y director suplente -respectivamentede San Ignacio Sociedad de Productores. Figuraban con dos domicilios a los que acudió la fuerza federal con la orden de presentación en mano, exigiendo la entrega de documentación, pero no existían. La sede real no pudo ser encontrada, dijo el juez Ercolini.
En uno de esos procedimientos, uno de los acompañantes de Hernán Kelly y el abogado Emanuel Nagel, entregaron dos cajas con documentación de la compañía bajo investigación. Pero la justicia determinó que antes de eso, el asesor letrado recibió esas cajas días previos en un garaje.
¿Quién se encontró con él para darle esas cajas? Carlos Suárez a quien Nagel contactó. La justicia reconstruyó esto a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraron que la documentación fue llevada al garaje por un vehículo que traza otra red de contactos. Su titular tendría algún parentesco con una mujer que es pareja de Alfredo del Corro y con quien mantiene vínculos societarios además.
El auto fue utilizado para “guardar las cajas” mientras permanecían en el estacionamiento. Media hora después, dos cajas fueron trasladadas de ese auto a otro. Este último figura a nombre de la sociedad que integra Del Corro y que también, se encuentra bajo investigación dentro del listado de intermediarios.
Al analizar el entramado de nombres, se detectó otro vínculo. “Smart Technology SRL”, que tiene como socios a Del Corro y Mariana Trupia -la dueña del vehículo en el que se terminaron cargando las cajas de documentación-, y a su vez “la participación de Marcos Federico Eufemio, integrante de "Nación Seguros SA”, investigada como responsable de las maniobras de intermediación.
Hay más. El juez Ercolini junto a la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, determinaron que Del Corro y Trupia están autorizados a conducir una serie de vehículos que se encuentran inscriptos a nombre de “7 de mayo Cooperativa de Trabajo Limitada” y “Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada”.
Cuando se siguió esa pista, la autorización de otros vehículos de las Cooperativas, para ser manejados, se determinó que algunos fueron otorgados a Damián Gosso. De hecho cuando se buscaba el domicilio de Del Corro para avanzar con el allanamiento a su propiedad, se encontró un vehículo estacionado cuya autorización de conducción está a nombre de Gosso. Hay un vínculo más: éste último aparece “vinculado al funcionario Eufemio de Nación Seguros SA y a Del Corro en otra firma, Megaled Del Sur SRL”. Todos se conocen.
Como parte de una telaraña, hay otro punto de contacto. Mauro Tanos a quien el gobierno le pidió la renuncia, desde Nación Seguro actuaba como contacto de San Ignacio Sociedad de Productores, la empresa intermediaria investigada entre otras. La sospecha es que los benefició desde el organismo, con
contratos cuyas comisiones “superarían el valor de mercado”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Hasta ahí, ya todo resultaba por demás llamativo para los investigadores. Se sumó otro dato. Unos chats del abogado Nagel -quien habría recibido las dos cajas de documentación en el estacionamiento para después entregarlas a la justicia-, arrojan otro nombre: Héctor Villaverde. Una ventana más se abrió y se detectó que éste último integra San Germán Seguros SA, coaseguradora de San Ignacia Sociedad de Productores. Todos los caminos conducen a los contratos con Nación Seguros SA.
Muchas de estas personas, bajo investigación, comparten domicilios fiscales pero además, durante la pesquisa se ordenó un entrecruzamiento de las comunicaciones telefónicas del 5 y 6 de marzo (previo a las órdenes de presentación) y eso arrojó que “una gran cantidad de las personas mencionadas a lo largo del presente decreto, se contactaron entre sí en torno a los procedimientos policiales”.
Todo, indicó Ercolini, “muestra la incertidumbre sobre la documentación aportada por "San Ignacio Sociedad de Productores” y otra aseguradora, “Bachellier SA”, “como así también sobre la sede real de sus negocios”. Como una pieza más del rompecabezas, “se determinó la existencia de vínculos de sus miembros con integrantes de "Nación Seguros SA” y con los directivos de una de las empresas coaseguradoras, "San Germán SA”.
Parte de esas relaciones se verifican en la modalidad de varios de ellos “de utilizar, como autorizados a conducir, vehículos de alta gama a nombre de cooperativas”. Por ese motivo se avanzó en el allanamiento de los domicilios de este gran entramado de personas. El grado de sospecha “es grande y los vínculos entre sí aportan más información a la intermediación de contratos”, explicaron fuentes de la investigación a Clarín.