Detectan más irregularidades en la firma del amigo de Alberto F.
Se trata de Bachellier SA, vinculada con Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria del ex presidente. Hay inconsistencias sobre su domicilio fiscal.
Una de las principales firmas intermediarias en el escándalo de los seguros que salpica a Alberto Fernandez y puso entre las cuerdas a actuales funcionarios de Nación Seguros arrojó nuevas irregularidades. Se trata de la empresa de Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria del ex presidente, beneficiado con la mayor cantidad de sumas de dinero en su rol de broker. Nuevos datos complican su situación en el marco del expediente judicial.
Bachellier SA está incluida en la lista de las más de 25 aseguradoras que funcionaron como intermediarias ante Nación Seguros. Esta compañía arrojó irregularidades respecto a su domicilio fiscal y lugar de funcionamiento. Después de detectarlo, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo trazaron una red de contactos y así dieron con la relación de esa firma con Héctor Martinez Sosa y CIA SA, la empresa del esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández.
En la documentación que el juzgado tiene bajo análisis, Martínez Sosa tenía contratos con el área de Turismo, Gendarmería Nacional, también el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad. Todo se concretó a través de Bachellier, vinculada al broker amigo del ex presidente de la Nación.
Las autoridades de esta firma bajo investigación son Osvaldo Tortora y su vicepresidente, Ricardo González. Como directora suplente figura Mónica Elizarriaga. “El primero y la última de los nombrados comparten domicilio particular, que también es el mismo registrado para Bachellier SA, inmueble que a simple vista no se condeciría con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”, sostuvo el juez Ercolini en una de sus resoluciones.
Una vez que la justicia federal determinó el vínculo entre todas esas personas, se dio con otro dato que amplió esta red de nombres y sociedades.
Se corroboró la existencia de la firma Alpes Reaseguros SA. En la misma confluyen como accionistas Diego Rosendi, Lucas Rosendi y Hernán Bressi. El primero de ellos, ocupó el cargo de presidente de la firma MP Hogar SA y fue titular de parte del paquete accionario de IPLYC Confort Créditos y Servicios Sociedad del Estado. Hay que tender un puente más con este último dato: esta sociedad aparece vinculada a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros
SA.
IPLYC está relacionada a San Ignacio a través del alquiler de un inmueble ubicado en la provincia de Misiones. Hay que recordar que San Ignacio Sociedad de Productores es la compañía relacionada con Mauro Tanos, el ex gerente general de Nación Seguros, a quien el presidente Javier Milei le pidió la renuncia tras los allanamientos del viernes pasado.
Implicado en la maraña de empresas y nombres que intermediaron en los contratos que diversos organismos del Estado firmaban con Nación Seguros percibiendo onerosas comisiones, Tanos no perduró en el cargo.
Otro de los datos que complican a Martínez Sosa, el amigo broker de Alberto Fernández, es que las sociedades a las que aparece vinculado compartían el mismo domicilio.
Y junto con eso, tras un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas -ordenado por el juzgadode los días 5 y 6 de marzo donde se realizaron operativos, se pudo determinar que una gran cantidad de las personas investigadas en la causa judicial, “se contactaron entre sí en torno a los procedimientos policiales”.
Hasta ahora, junto al ex presidente Fernández, están imputados en la causa Pablo Torres García (ANSeS), Héctor Martínez Sosa, quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.
También la esposa de Martínez Sosa e histórica secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
El expediente judicial se concentra en una presunta maniobra fraudulenta que habría generado un perjuicio multimillonario al Estado, a raíz de la normativa que impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública Nación Seguros.
La trama de la contrataciones bajo sospecha, reveladas en febrero a través de una publicación de Clarín, expone que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSeS, que resultó beneficiado con una comisión del 17%, el triple de lo que paga el mercado.
Las ganancias por comisiones se habrían estimado en 20.000 millones de pesos anuales.
La cifra, estiman los investigadores, es aún mayo siendo que la maniobra “se replicó en otros organismos y ministerios del Estado”.
No se descarta, más adelante, requerir una pericia técnica que permita ponerle un número global a la presunta estructura defraudatoria.w
Tenía contratos con Turismo, Cancillería, Gendarmería y el SPF.