El Gobierno presentó el borrador de la nueva Ley Bases
El Gobierno envió en la noche de este martes el borrador de la nueva versión, recortada, de la Ley Bases a los gobernadores y a los diputados de los bloques dialoguistas con la intención de comenzar a definir el texto final, que -según adelantaron desde el oficialismo- buscará que ingrese al Congreso el viernes para comenzar con el tratamiento en comisión la próxima semana.
El proyecto del Ejecutivo llegó acompañado por un capítulo fiscal que será tratado en forma conjunta e incluye la modificación del Impuesto a las Ganancias retrotrayendo la eliminación de la cuarta categoría y llevando el piso a $ 1.800.000 para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados, tal como se acordó en las reuniones que el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvieron con los gobernadores más cercanos al Gobierno y los diputados dialoguistas.
Tanto en el bloque de La Libertad Avanza como en sus aliados del PRO hay optimismo en que la nueva versión avanzará en Diputados, ya que es un proyecto mejorado con las modificaciones acordadas en el primer intento que fracasó en febrero por la falta de acuerdo en el articulado relacionado con la reforma del Estado y, principalmente, con las privatizaciones, cuando se trataba en particular tras haber sido aprobado en general por una amplía mayoría.
El texto definitivo estableció en el primero de los 279 artículos del nuevo proyecto se establece: "Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año". La redacción se ajusta a las condiciones que habían sido acordadas en la Cámara de Diputados antes de que se caiga la propuesta original.
Asimismo, en la propuesta del Gobierno se fija que "el Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".
El segundo capítulo está vinculado con la reforma del Estado y hace referencia a la adecuación de la administración central. En este sentido, el Gobierno establece la posibilidad de su "reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial y transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".
Uno de los puntos de mayor tensión entre el oficialismo y los dialoguistas es el artículo 7 que hace referencia a la privatización de empresas públicas, de la que quedó excluida YPF. Sobre este punto hay un artículo con las empresas que serán sometidas a una venta total y otro sobre privatización parcial.
En el caso de las privatizaciones parciales, la propuesta fija que el Estado debe "mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias". Además se redujo la cantidad de empresas sujetas a privatización de 40 a 18.w