El Gobierno cambia el capítulo tabacalero de la Ley Bases
Por el lobbie del “Señor del Tabaco”, el bloque del PRO pidió cambios en el proyecto y el Gobierno resolvió retirar los 10 artículos referidos al tabaco.
El lobbie parlamentario del "Señor del Tabaco", como lo apodó a Pablo Otero el presidente Javier Milei, logró que el propio Gobierno quite del proyecto original de la Ley Bases todo el capítulo tabacalero que proponía la Casa Rosada para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, tal como ocurre en el resto de los países.
Con el mantenimiento del esquema vigente en la actualidad, Tabacalera Sarandí, la empresa propiedad de Otero, seguirá pagando menos impuestos que sus competidores, ya que tiene judicializado el pago del impuesto mínimo al cigarrillo, lo que le permitió pasar del 5% de participación en la industria tabacalera argentina, a más del 30% en los últimos seis años.
"No hubo acuerdo para avanzar con los cambios", dijo una fuente del Gobierno a Clarín. Y fuentes parlamentarias comentaron que el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, pidió la modificación de varios artículos del capítulo tabacalero para acompañar el proyecto del Gobierno en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Entonces, el Gobierno decidió dar de baja todo el capítulo tabacalero del proyecto de ley.
"Estábamos de acuerdo en eliminar el impuesto mínimo, porque generó distorsiones. Planteamos fijar un precio base, tal como pide la Organización Mundial de la Salud y buscar un mecanismo para evitar la evasión impositiva", dijo una fuente del PRO a Clarín. Y agregó: "Pero no estamos de acuerdo con un ejército de burocracia yendo por cada puesto de venta para fijar un precio de venta de los paquetes de cigarrillo. Es ridículo, burocrático y discrecional".
También planteó objeciones al proyecto original del Gobierno el diputado libertario Carlos Zapata. Una posición que ya estaba planteada en el bloque de Unión por la Patria, a partir del lobbie que venía realizando el diputado Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP albertista, de donde se benefició ampliamente al “Señor del Tabaco”, según las fuentes consultadas por Clarín. “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos, como el Señor del Tabaco", que "hacen lobbie y 'persuaden' políticos para defender sus intereses”, dijo el presidente Javier Milei en febrero pasado, al retirar el proyecto de Ley Ómnibus de la Cámara de Diputados, cuando acusó de ese traspié a “la casta”, que identificó con gobernadores, políticos de la oposición y un sector del empresariado.
Es que el proyecto original enviado por Milei eliminaba el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, pero que paga el resto de las empresas del sector; elevaba la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%; incorporaba precios de mercado referenciales, para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% del relevado (que ocurre con la empresa de Otero, según sus competidores); e incorporaba un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades. También el proyecto original del Gobierno iba a poder impactar en la recaudación si es que en algún momento se autorizaba la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que en caso de ser autorizados pagarían un 20% de impuestos, según el proyecto de ley original, un porcentaje muy bajo en relación a los impuestos que pagan los cigarrillos, según planteó Otero a Clarín, pero que ahora directamente queda descartada esa opción en el nuevo proyecto oficial.
Todas esas modificaciones iban a permitir aumentar la recaudación en US$ 922 millones por año.