Deudas cruzadas en el negocio de la energía: Caputo emitiría un bono
Generadoras y petroleras reclaman US$ 2.200 millones. Y Edenor debe a Cammesa $ 188.000 millones.
El Gobierno obtuvo un superávit financiero fiscal (resultado positivo después del pago de intereses de la deuda) por $ 856.520 millones acumulados en los primeros dos meses de 2024. En ese período, dejó de pagar subsidios a la energía eléctrica por $ 827.069 millones.
Si el Estado, a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hubiera pagado a las generadoras eléctricas, las petroleras que producen gas natural y las cuentas con la empresa pública Energía Argentina (Enarsa), prácticamente no hubiera podido mostrar un resultado positivo en las cuentas públicas fiscales. En lo que va del año, el pago de los subsidios energéticos sumó casi $ 500.000 millones, según la consultora Geres. Es una baja real de 70% interanual.
La deuda entre el Estado nacional y las empresas energéticas creció notoriamente al comienzo de este año, al dejar de pagar los subsidios. Previamente, desde 2022, se venían acumulando acreencias. El total alcanza el equivalente en pesos a US$ 2.200 millones: US$ 1.300 millones de energía eléctrica y US$ 900 millones por el gas.
Según publicó el portal EconoJournal, el ministro de Economía, Luis Caputo, analiza emitir un bono para saldar esa deuda a mediano plazo. Ese sería el tratamiento para el stock (lo previo), mientras que el flujo (el día a día en adelante) se resolvería con la quita de subsidios y con usuarios que pagarían tarifas que reflejen los costos a partir de mayo o junio.
Consultadas por Clarín, fuentes oficiales especificaron: “La deuda es de dos meses atrasados y la dejó el Gobierno anterior. Aún no se habló de cómo se va a pagar”. La afirmación es parcialmente cierta: una parte considerable de la deuda se amplió por las operaciones de noviembre y diciembre, que se debieron haber pagado en enero y febrero, pos devaluación. El tema es sensible y se maneja al más alto nivel de las compañías. Grandes firmas que operan en el país tomaron deuda con respaldo de esos contratos. Si se defaultean o se estira su pago a largo plazo, caerán las inversiones y crecerá el riesgo crediticio de generadoras y petroleras.
Cammesa opera como un intermediario financiero, función que el Gobierno quiere eliminar para que el mercado se maneje entre privados, como en la década de los ‘90. La sociedad mixta que administra el sistema eléctrico cobra de las distribuidoras (los usuarios)
por el precio de la energía que se traslada a las tarifas y del Estado nacional los subsidios -la porción de la energía que no se traslada-. Lo que no pagan las distribuidoras, también lo debe aportar el Estado.
Ese dinero se gira y reparte a proveedores: generadoras eléctricas,
petroleras que producen el gas para las centrales térmicas y Enarsa, que distribuye el gas importado.
Las distribuidoras acumularon deuda hasta fines de febrero por $ 641.042 millones, porque sus tarifas no reflejaban los costos. En marzo, Edenor y Edesur pagaron entre 40% y 50% de su compra de energía, al no recibir plenamente de los usuarios. Javier Milei ordenó en las últimas semanas ejecutar las deudas de las distribuidoras
de energía y cooperativas provinciales mayores a $ 1.000 millones, con la amenaza de embargos.
Edenor (Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti), suma $ 187.343 millones de deuda; Edesur (la italiana Enel), otros $ 112.331 millones; las bonaerenses Edelap, Eden, Edes, Edea y la salteña Edesa (de Rogelio Pagano), casi $ 131.950 millones.w