Aumento de tarifas retroactivo: la luz llega con una suba que podría ser ilegal
El Gobierno ordenó a Edenor y Edesur aplicar una suba retroactiva entre el 1 y el 15 de febrero.
El Gobierno aplicó un aumento retroactivo en las tarifas de energía eléctrica de Edenor y Edesur, que ya se está notando en las boletas de luz que pagan millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La aplicación de una suba retroactiva es habitual y legal, pero la forma en la que se hizo esta vez, sin haber sido públicamente notificada en el Boletín Oficial, podría ser cuestionada en la Justicia con amparos colectivos, y eventualmente frenada.
Como contó Clarín la semana pasada, en lo que va del año en AMBA hubo cuatro cargos variables distintos para la misma cantidad de energía consumida.
El primero estuvo vigente en enero, con las tarifas viejas; el segundo, entre el 1 y el 15 de febrero, correspondiente únicamente a un incremento en el precio de la energía eléctrica por quita de subsidios; el tercero, entre el 16 de febrero y el 31 de marzo, por una actualización en el margen de ingresos de las distribuidoras; y el cuarto, a partir de abril, al cambiar nuevamente la categorización de usuarios por consumos.
El diario La Nación encontró que el aumento del 1 al 15 de febrero se aplicó de forma retroactiva, sin haberse publicado en el Boletín Oficial. Las resoluciones 101 y 102/2024 -nuevas tarifas para Edenor y Edesur- del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) implementaron los ajustes a partir del 16 de febrero, conteniendo los cambios previstos en la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía -nuevos precios estacionales (PEST)-.
Como en la primera mitad de febrero el incremento en los precios de la energía no se trasladó a los usuarios, el ENRE envió a las empresas el 11 de marzo una nota rectificatoria para que así lo hicieran. Pero desde entonces no hubo una publicación en el Boletín Oficial y las empresas facturaron con los nuevos precios. Por eso en algunas facturas recientes se están combinando una tarifa vieja de enero y dos tarifas distintas para febrero.
Al trasladar los nuevos precios de la energía a los usuarios desde el 1 de febrero, el Gobierno busca que las distribuidoras (la demanda) se haga cargo del pago, en vez de que el Estado lo cubra con subsidios. Fuentes oficiales como el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y otras contactadas por este medio sostienen que estos actos son “legales”, que el modo “no fue habitual” pero sí público, al haber estado oficializada la Resolución 7.
En el sector privado difieren. Julio Fonrouge, especialista en Derecho de la Energía y responsable legal de la Fundación Contactos energéticos, dijo: “No se cumplieron las pautas y procedimientos aplicables. Hubo una omisión del Estado”.w